Según informa El Confidencial, la querella imputa a Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y exsecretario general de esta Consejería entre 2003 y 2011, por el cobro de comisiones millonarias por la instalación y concesión de parques eólicos. El escrito del fiscal acusa también a otros altos cargos, como Alberto Esgueva, ex director de Excal, la empresa publica dedicada a las exportaciones de Castilla y León, y a directivos de Iberdrola. También salpica a los tres hermanos dueños de Collosa, una de las mayores de la comunidad, que construyó varios de los parques.
Tras las investigaciones llevadas a acabo durante estos dos años, Anticorrupción concluye –siempre según la misma fuente– que Rafael Delgado "exigía" a los promotores que desarrollaban parques eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización”.
De hecho, en su día se citaron ejemplos de solicitudes que tras años de espera, no se tradujeron en licencias hasta que en el accionariado no entraron algunas de las personas señaladas ahora por la Fiscalía Anticorrupción. Una vez lograda la licencia, los socios "locales" vendían sus acciones a la empresa que los había admitido en su accionariado, multiplicando por mucho lo que pagaron inicialmente. En este sentido, llama especialmente la atención los 47 millones que recibió de Iberdrola la empresa de Alberto Esgueva, “sin lógica empresarial”, según la denuncia.
De acuerdo con la información publicada por El Confidencial, para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, en 2004 Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta sino que dependiesen de él. De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa "avocación" a los viceconsejeros. El 71% las resolvió Rafael Delgado y el 23% su sustituta, Begoña Hernández.
