“Mientras nuestras facturas de la luz y el gas van en aumento y provocan cortes de suministro a personas en situación de vulnerabilidad, el oligopolio energético sigue batiendo récords de beneficios con miles de millones de euros”.
Así suena el discurso de la Coalición por la Energía Comunitaria, de la que forman parte la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Ecologistas en Acción, “facilitadoras del cambio energético” como la cooperativa Aeioluz o movimientos de base ciudadana como Redes por el Clima.
La Coalición acaba de lanzar la campaña Enciende la Energía Comunitaria, que apuesta por “una transición energética en manos de las personas” y “no en manos de grandes empresas”, y alerta: “menos del 1% de toda la energía renovable instalada está en manos de la ciudadanía” (porque renovable no es, ni mucho menos, sinónimo de común).
Ah, y la Plataforma, Greenpeace, aeioluz y compañía -o sea, la Coalición- quieren conseguir 200.000 firmas para presionar con ellas al Gobierno y que este impulse regulatoria y económicamente las comunidades energéticas, esas herramientas que empoderan a la ciudadanía, pero cuyo desarrollo –denuncian– está siendo lastrado por el oligopolio.
La Coalición por la Energía Comunitaria se define como “un movimiento ciudadano, un espacio plural e inclusivo, en el que iniciativas de comunidades energéticas, entidades, colectivos y organizaciones trabajamos juntas con el objetivo común de lograr una transformación energética justa hacia un futuro 100% renovable en manos de las personas y las comunidades”.
La Coalición nació en septiembre del año 2021, como fruto del encuentro de una serie de iniciativas ciudadanas, organizaciones, ayuntamientos, universidades y profesionales del sector de todo el territorio que se unieron en torno a una idea fuerza: “asegurar que la ciudadanía será la protagonista en el proceso de transición energética hacia un futuro 100% renovable”. El objetivo de la Coalición era entonces y sigue siendo ahora “impulsar las comunidades energéticas por nuestros territorios para hacer de la energía un derecho y no un bien de mercado”.
Pues bien, las más de treinta organizaciones vinculadas a la Coalición han lanzado hace apenas unos días la campaña Enciende la Energía Comunitaria, a la que han asociado una “petición de firmas” con la que quieren presionar a la Administración para que esta aumente las ayudas a las comunidades energéticas, agilice su tramitación y elimine las barreras que las distribuidoras (Iberdrola, Endesa, Naturgy y compañía) están levantando contra ellas. ¿Objetivo último de la campaña? “Avanzar hacia una transición energética en manos de las personas”.
Las comunidades energéticas (CEs) que propone la Coalición deben facilitar la plena participación en igualdad de condiciones de la ciudadanía en el sector energético. No solo en la producción de energía renovable y en su comercialización, sino también en la distribución. Así, la Coalición insta al Gobierno a
(1) impulsar la creación de comunidades energéticas y a
(2) priorizar a la ciudadanía (ojo) frente a las grandes empresas (compañías como Iberdrola o Repsol –denunciaba hace unos meses Greenpeace– están ofertando a sus clientes modelos de negocio que parecen comunidades energéticas, democráticas, participativas, pero que en realidad pervierten el concepto de comunidad de energía renovable, según Greenpeace).
Pues bien, frente a esos arribismos, dos son las medidas estrellas que plantea la Coalición.
Medida 1
Aumentar la financiación para el impulso real de las comunidades energéticas de base ciudadana: “esta financiación debe ser de fácil acceso, con criterios de equidad y cubrir el 100% del proyecto”, y además debe establecer dos líneas prioritarias:
(1) el impulso a las figuras de asesoramiento para la creación de comunidades energéticas como las Oficinas de Transformación Comunitaria; y
(2) la creación de una comunidad energética por cada municipio, involucrando a los ayuntamientos (habida cuenta de su rol ejemplarizante).
Medida 2
Romper el oligopolio energético para evitar situaciones similares a las actuales con un mercado eléctrico dominado por un pequeño número de empresas. Para ello –apuntan desde la Coalición– se necesitará “una mayor protección jurídica para la figura de las comunidades energéticas de base ciudadana a través de cuatro medidas.
• el cumplimiento del mandato de las Directivas Europeas a través del cual se otorgan derechos a las comunidades energéticas para gestionar las redes de distribución;
• la prohibición de que una misma empresa o grupo empresarial, a partir de cierto tamaño, pueda estar integrado verticalmente en la cadena de valor al realizar actividades simultáneas de generación, distribución y comercialización de energía;
• una auditoría ciudadana de todas las redes de distribución, pudiendo recopilar todas las inversiones y proyectos realizados, que permita establecer necesidades de acceso y conexión de las comunidades. En el sector son muchas las voces que sospechan que las distribuidoras –Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP– están estrangulando el acceso de muchas comunidades energéticas a la red con trabas técnico-burocráticas que no tienen sentido. La no trasposición de las directivas europeas que apelan a las CEs (junto a estas líneas, ninguna de las dos ha sido traspuesta en España) y las zonas grises estarían siendo aprovechadas por el oligopolio para, según esas voces, ponerle palos en las ruedas a las comunidades energéticas. Este periodista ha escuchado a un importante empresario de la comercialización decir que no se mete a hacer comunidades energéticas porque ya ha tenido la experiencia de que la distribuidora no ha dado los permisos (el papeleo ha ido languideciendo) y cuando ya han desistido, la distribuidora en cuestión deja de ver trabas técnico-burocráticas en el proyecto y decide darle luz verde a la comunidad energética, pero a “su” comunidad energética;
• la prohibición de la participación de entidades que dispongan de una cuota de mercado de un 10% en cualquier comunidad energética. Ahora mismo, los “operadores dominantes”, aquella empresa o grupo empresarial que tiene una cuota de mercado superior al 10%, son, en el caso del sector eléctrico, y según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Endesa, Iberdrola y EDP (operadores dominantes en “actividad total”); Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP son operadores dominantes en “actividad de generación de electricidad”; y Endesa, Iberdrola y EDP son operadores dominantes en actividad de “suministro de electricidad”.
Son esas las líneas maestras del ideario de la Coalición por la Energía Comunitaria. Pero no es la única iniciativa de impulso a las CEs que ha visto la luz esta primavera. Som Energia, la mayor cooperativa de energía verde de Europa, acaba de aprobar la creación de la cooperativa de segundo grado Som Comunitats, una especie de lanzadera de comunidades energéticas que va a ofrecer servicios y herramientas digitales, de software libre y colaborativo con los que pretende ayudar a todo aquel que quiera impulsar una CE.
Y más aún: el municipio de El Prat ha acogido hace unas semanas la I Cumbre de Comunidades Energéticas, evento que ha organizado la Unión Española Fotovoltaica y del que ha salido el Manifiesto para vivir la Transición Energética juntos y en comunidad, que publicamos, íntegramente, a continuación.
