«Promover los proyectos nacionales y medidas internas de reducción de emisiones en todos los sectores fomentando la coherencia de políticas entre todos los ministerios.
Acabar con la incertidumbre regulatoria en el sector eléctrico. Las energías renovables necesitan un marco legal básico que sea estable y que no esté sujeto a tantos cambios e incertidumbres en su sistema retributivo y en las condiciones técnicas y normativas en que se desenvuelve este sector.
Fomentar las energías renovables. Acabar con la moratoria renovable, y garantizar unas retribuciones suficientes para impulsar su desarrollo y, al mismo tiempo, que se ajuste a la previsible evolución de costes y evite indeseables “burbujas”, mejorar el acceso a la red eléctrica, y evitar el establecimiento de trabas administrativas abusivas.
Mejorar las políticas de innovación tecnológica: La inversión tanto pública como privada en I+D+i debe aumentarse y aprovechar el conocimiento adquirido y madurez tecnológica de las energías renovables.
Autoconsumo con Balance Neto. Es necesaria la aprobación de la normativa que regule el autoconsumo energético y fomente la generación distribuida, lo cual permitiría a la ciudadanía disponer de su propia energía.
Trasponer la Directiva de Eficiencia Energética optimizando el potencial de ahorro. Establecer un objetivo vinculante de reducción del consumo de energía primaria en un 20% en términos absolutos para 2020 respecto a 2007. Impulsar las empresas de servicios energéticos que ayuden a evaluar, diseñar y financiar planes y medidas de ahorro y eficiencia para las empresas de todos los sectores.
Plan de rehabilitación y modernización de edificios con criterios de eficiencia energética. Establecer una hoja de ruta para la rehabilitación energética de los edificios con el objetivo de reducción del consumo energético del parque de los edificios en 80% en 2050 involucrando a todas las partes
interesadas del sector.
Fiscalidad verde en el sector de edificación. Aplicación de un impuesto a las emisiones de CO2 o un impuesto de eficiencia energética. Esto incentivaría la reducción del consumo energético y por tanto las emisiones del sector y ,a la vez, proporcionaría los fondos públicos necesarios para estimular el sector de la rehabilitación energética y mejoraría los aspectos económicos de las reformas profundas.
Cambio modal en favor del transporte público colectivo, especialmente el ferroviario eléctrico.
Fomentar una mayor ocupación de los vehículos, tanto en el transporte privado (carsharing, carpooling, gestión inteligente de flotas disociando propiedad del vehículo de su uso), como en el transporte público (planes de oferta integral más competitivos, combinación de redes ferroviarias con redes de autobús y park&ride, etcétera).
Fiscalidad verde en el transporte. Aplicación de la Euroviñeta. Implantación del cobro directo en la red de autopistas libres de peaje española. Gravar especialmente los vehículos que más contaminan y favoreciendo, al mismo tiempo, un trasvase modal hacia el transporte público, así como una renovación de flota con criterios de sostenibilidad ambiental. La mejora tecnológica de los vehículos por la vía de la electrificación a través de ventajas fiscales y facilidades técnicas para los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y a través de los planes de electrificación del transporte público y mejora de la eficiencia de sus vehículos diésel».
