Las medidas para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico que el Gobierno ha puesto encima de la mesa tienen un fondo irracional al descartar el ahorro energético como parte esencial de la sostenibilidad futura del sistema. Es evidente que su efecto se limita a salvar las cuentas del sistema eléctrico en 2013 y dejar el futuro en la mayor de las incertidumbres. Marginando la eficiencia energética se compromete la seguridad energética a largo plazo ya que nuestros principales déficits energéticos son estructurales y no simplemente recaudatorios.
En el proyecto de nuevos peajes se eleva por encima del 70% el término de potencia y se rebaja el de energía un 22%. Se va a cobrar más por la potencia contratada que por la energía consumida. De esta manera se incentiva el mayor consumo eléctrico y se penaliza al pequeño consumidor, a los hogares y a las pequeñas empresas. El decreto de autoconsumo establece un peaje del 27% para conseguir el mismo efecto. El “peaje de respaldo” al autoconsumo será mayor que el ahorro por generar en el propio centro de consumo con fotovoltaica. De esta manera invertir en eficiencia energética, autoconsumo, o ahorrar energía no será viable económicamente.
Imponer estas barreras a la eficiencia energética puede tener un efecto contrario al que pretende el Gobierno. Según acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto medio de los hogares se ha reducido un 12% entre 2008 y 2012, mientras el gasto en electricidad se ha incrementado en un 52%. Se gasta menos en coches, ropa o bares pero mucho más en transporte y electricidad. Ante esta subida de peajes, no habrá que esperar una nueva encuesta del INE para comprobar que muchos consumidores van a considerar rebajar la potencia de luz que tienen contratada. Por querer recaudar más y garantizar los ingresos del sistema, el efecto será un mayor descenso de la demanda eléctrica y, como consecuencia, aumentará el déficit de tarifa.
El sistema eléctrico vuelve a abusar del consumidor cautivo que, en un modelo sin competencia, no puede elegir la energía más barata. Con la normativa propuesta por el Ministerio de Industria se vuelve a cercar la libertad del consumidor y se le cierra el acceso a los servicios energéticos a través de unas tarifas que son más caras cuanta más energía se ahorre. Consumiendo menos energía se pretende recaudar más subiendo los conceptos fijos del recibo de la luz y, lo peor, para consumir energía fósil que se sigue importando del exterior por un coste equivalente al 4,5% del PIB.
El Ministerio de Fomento ha sacado adelante la Ley 8/2013 de rehabilitación de edificios que establece como una prioridad de las políticas públicas el uso de las energías renovables y el ahorro energético frente a los combustibles fósiles para combatir la pobreza energética y reactivar el sector de la construcción y los empleos verdes. ¿Cómo se debe entender que dentro de un mismo Gobierno se considere la eficiencia energética de forma tan contradictoria y opuesta?
