Anpier reclama que se "restituya la seguridad jurídica en el sector español de las energías renovables, quebrantada por los cambios retroactivos que introdujeron tanto el Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010, como el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010, y que han colocado fuera del umbral de rentabilidad a más de 55.000 familias españolas, al recortarles en un 30% la remuneración pactada por la producción de energía renovable". Según el comunicado difundido hoy por la asociación, esta exigencia "no sólo parte de los productores españoles de energía solar fotovoltaica, sino también de los más importantes fondos de inversión internacionales, que han llevado a España a los tribunales internacionales de arbitraje por esta cuestión". Las sentencias se conocerán probablemente a mediados de 2013 y "podrían suponer que los fondos fuesen indemnizados por el daño causado por el gobierno español al cambiar las reglas del juego".
Anpier señala sobre el particular que "el laudo arbitral no sería de aplicación a los inversores fotovoltaicos españoles, sólo a los extranjeros, pero serviría para demostrar la grave situación de injusticia que padece este colectivo". Según la asociación, los fondos internacionales invirtieron en renovables en España sobre la base de una retribución fijada en el BOE y a partir de una "confianza basada en el hecho de que España es un país de la Unión Europea". Ahora –continúa Anpier–, estos fondos "han descartado seguir invirtiendo en negocios regulados en España como renovables, canalización de gas o servicios de abastecimiento de agua, debido a la desconfianza y la falta de seguridad observada". Esta anómala situación –señala Anpier– ha conducido a que "los propios representantes diplomáticos de los países más afectados por las inversiones realizadas por sus conciudadanos, como ha sido el caso de los Estados Unidos, hayan tomado cartas en el asunto, exponiendo sus quejas ante el gobierno español".
Más aún, desde la Unión Europea, el propio comisario Oettinger, en un reciente escrito dirigido al presidente de Anpie (véase), ha asegurado haber reiterado al ministro de Industria, José Manuel Soria, "tanto públicamente como en privado, su desacuerdo con las medidas retroactivas que padece el sector de las renovables; tal y como expresó la Comisión Europa en la Comunicación COM/2012/271, texto en el que, en clara alusión a España, se puede leer [página 11] que 'en algunos estados miembros, los cambios registrados en los regímenes de ayuda han sido poco transparentes, se han introducido bruscamente y, en ocasiones, se han impuesto incluso con carácter retroactivo. En el caso de nuevas tecnologías e inversiones, que siguen siendo dependientes de las ayudas, tales prácticas socavan la confianza de los inversores del sector'". Curiosamente, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho en la Cumbre Iberoamericana que la seguridad jurídica "ha de ser un valor compartido y respetado ", ya que es el "nutriente" de la inversión, que genera a su vez "crecimiento y empleo".
