Primero los bancos, ahora las eléctricas
El Gobierno español veta las renovables, una de las únicas salidas de la crisis para la ciudadanía.
Parece que al sistema político español se le está yendo de las manos la salida de la crisis económica, y es que el proteccionismo hacia las grandes empresas de los sectores bancario y eléctrico solo puede tener consecuencias trágicas tanto a nivel nacional como internacional.
Durante el año 2012, ciertos entidades bancarias españolas recibieron una inyección de capital de 100.000 millones de euros. Esta aportación por parte del Eurogrupo se justificó con la necesidad de crear una línea de crédito para las empresas españolas, reactivando así el sistema financiero. El Gobierno de Mariano Rajoy aseguró que esta acción no implicaba otras condiciones macroeconómicas, pero sin embargo un mes después, el 11 de julio, anunció la subida del IVA en tres puntos.
Se cumple un año del rescate bancario y el crédito sigue sin fluir. Por otro lado, el paro en España alcanza ya al 27% de la población. Sin embargo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que debían evaluar las condiciones del desarrollo de la economía española, se mantienen al margen y permiten que el Gobierno continúe con sus acciones no solo inefectivas sino perjudiciales para la sociedad y la ciudadanía.
Recientemente, parece que el Gobierno español tiene en vista una segunda línea de empresas a rescatar, el sector eléctrico, que consiste en una oligarquía empresarial compuesta por las operadoras Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa entre otras.
Anteriormente, el Estado español había destacado en Europa, junto con Alemania, en la promoción de las energías renovables no convencionales (ERNC). La Ley 82/1980 representó el inicio del desarrollo de ERNC, apoyando las empresas promotoras y los fabricantes para disponer de la financiación necesaria y así situar el producto español como pionero en el sector a nivel mundial. Más tarde, la ley 54/1997, dictaminó la liberalización del sector eléctrico y estableció el objetivo del 12% del consumo de energía primaria y el 29% del consumo de electricidad a partir de fuentes renovables para el 2010. Así pues, hasta el 2009 se aprobaron una serie de leyes favorables para promover la explotación, el consumo y la investigación en renovables.
Tuvieron gran importancia la aplicación de las Feed-in-Tariffs, eso es el establecimiento de un precio especial para los productores de energía renovable, más alto que el de la energía convencional. Este sistema fue ideado el 1978 en los Estados Unidos por la Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA), y seguido por unos 50 países, entre los que destacan España, Alemania y Dinamarca. Lo hicieron con la intención de promover la investigación y el desarrollo de estas tecnologías. Su único inconveniente son los gastos que el sistema Feed-in-Tariffs supone, y que en la mayoría de países han sido asumidas por el estado. De este modo, durante el 2010 tanto España como Alemania instalaron más de 20.000 MW de energía eólica.
La buena gestión alemana de las nuevas instalaciones renovables, basadas en unas altas primas de las Feed-in-Tariffs y la buena marcha de su economía, permitieron a este país un incremento en la producción de energías renovables del 6,3% en el 2000 hasta un 26% en 2012, con una potencia instalada de 29.000 MW en eólica y 32.000 MW en fotovoltaica. Por otro lado, España tiene actualmente una potencia instalada de 21.000 MW en eólica pero solo 4.380 MW en fotovoltaica. El balance parece ya a primera vista poco razonable teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de cada país.
El poco crecimiento de la fotovoltaica en España se puede relacionar directamente con la crisis económica que atraviesa el Estado. Por eso el Gobierno debería tomar medidas para evolucionar en el sector fotovoltaico, aprovechando la situación geográfica única de la que dispone, y ofrecer así una salida a la crisis económica, que a diferencia de la construcción y el turismo, no sea especulativa sino generadora de PIB real.
Por contra, las medidas que el Gobierno de Rajoy va a tomar consisten en incentivar el cierre de las plantas de renovables. En primer lugar, se retiran las primas conocidas como Feed-In-Tariffs, con el argumento de que el Estado no puede afrontar los pagos. Esta acción sería comprensible, aunque perjudicial para muchos de los generadores de renovables, si fuera la única. Pero el Ministro de Industria, José Manuel Soria, junto con su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han decidido, sin consultar a la ciudadanía, aplicar una nueva reforma energética.
Esta consiste no solo en la eliminación de las primas, sino también en el cambio de las tarifas, cosa que supone un cambio del actual 50%-50% (término de potencia–término de energía) a un 70%-30%. Además, la generación de energías renovables quedará gravada con un nuevo y exagerado impuesto del 7%. Así pues, el Gobierno gravará el autoconsumo obligando al pago por el uso de las redes como si se tratase de un consumidor tradicional, volviendo a las amortizaciones de las instalaciones de 25 años, correspondientes a la pobre tecnología de los años 90.
Esta reforma energética, que se encuentra actualmente en fase de aprobación, supone la paralización del auge de las energías renovables en España, además de grandes pérdidas para los inversores en el sector. Y lo peor no es el cese de las Feed-in-Tariffs a partir de ahora, sino los recortes retroactivos a aquellas plantas que iniciaron proyectos en generación de renovables, planificados según el Real Decreto vigente.
De hecho, muchos de los inversores financiaron estos proyectos con créditos bancarios que ahora no podrán pagar. También pequeños inversores que apostaron por instalaciones fotovoltaicas promocionadas por el Estado, y que dieron como aval su propia casa van a perder sus viviendas porque no podrán devolver el préstamo.
Este gran golpe ha sido bautizado como tsunami por The Economist, ya que muchos de los créditos están titularizados en el exterior, hecho que derivaría en un problema económico internacional, arrastrando a empresas e industrias referentes a nivel mundial. Por otra parte, los inversores que veían Europa como posible fuente de negocio en el sector energético, probablemente van a cambiar su punto de mira hacia países sudamericanos o africanos, como ya ocurrió con Chile o Marruecos.
La aplicación de esta ley también tendrá consecuencias en el nivel de desempleo, sobre todo el juvenil, pues si ya los jóvenes cualificados se van del país en busca de oportunidades, el cese de la única posibilidad tecnológica existente aumentará este tipo de emigración.
Si uno se pregunta el porqué de esta ley, verá que su realidad, igual que con los rescates bancarios, es solo sustentar las compañías eléctricas, que temían la llegada del boom del autoconsumo que sí favorecería la economía española.
Es normal que Iberdrola, propietaria de 5.900 MW de centrales quemadoras de gas, y otras compañías se asusten, pues tienen contratos de compra de cantidades estratosféricas de gas con los países productores, como Catar, Argelia y Nigeria. Es decir, están obligadas a adquirir y consumir tal cantidad que el cambio de modelo hacia el autoconsumo no les beneficia para nada. Cabe especificar que el error pertenece únicamente a la misma Iberdrola, que apostó por el gas sin tener en cuenta la creciente tendencia de las renovables y otros muchos factores, de modo que el índice de utilización de ciclo combinado fue del 10% el primer trimestre de 2013. Así pues, pretende que la solución a su problema pase por el cambio radical en las tarifas y además la aplicación del impuesto sobre la generación en renovables. ¿Y cuál ha sido la respuesta del ministro de Industria? ¡Vamos a hacer un Real Decreto!
Entonces la siguiente pregunta es: ¿por qué el Gobierno cede a las propuestas de las compañías eléctricas, aún sabiendo que estas decisiones son perjudiciales para la correcta evolución del Estado? Pues son en gran mayoría las eléctricas las que dan cobijo a los políticos una vez estos acaban sus mandatos, hasta el momento ya han fichado a unos 30. Rápidamente se pueden encontrar ejemplos como los expresidentes del gobierno José María Aznar y Felipe González, en Endesa y Gas Natural Fenosa respectivamente, y con unos sueldos de 250.000 y 300.000 euros anuales. También Ángel Acebes, antiguo secretario general del PP y ministro de varias carteras en su recorrido, fue contratado por Iberdrola con una remuneración de 400.000 euros anuales. La abundancia de cargos políticos también puede observarse en los bancos, casualmente en los que fueron rescatados. El caso más destacado es el de Bankia, con nombres como el de Rodrigo Rato o José Ignacio Goirigolzarri. En fin, es vergonzoso que el sistema acepte esta línea de funcionamiento, que solo puede ocasionar el fracaso social, económico y ecológico.
Ahora señores, mis preguntas como conclusión de este artículo son: ¿qué debe hacer la ciudadanía, las empresas y los restantes cargos políticos que se ven afectados por una banda de políticos y compañías corruptos? ¿Debería de intervenir la Comisión Europea o la Agencia Internacional de la Energía a favor de la lógica y por tanto de las renovables? ¿Qué opina el resto de países e instituciones por lo que a ellos les afecta? En mi opinión, y como bien afirma el economista español Santiago Niño, es necesario el gobierno de los técnicos, es decir personas conscientes de sus responsabilidades, y no personajes que se dejan comprar tan fácilmente pero a tan caro precio.
