Oligopolio  eléctrico: o cortamos la soga o morimos ahorcados

Aunque la decisión del ministro Soria de imponer una moratoria sobre las primas a las energías renovables parece  una aberración tomada en un momento de delirio, en realidad responde a una estrategia que lleva tiempo forjándose.

Hace justo un año escribí el articulo "Pacto por la energía o doctrina del shock"[1] en el que  intentaba avanzar lo que en mi opinión constituía la  estrategia de las grandes eléctricas de UNESA a medio plazo:

1. Eliminar el hasta entonces pujante sector fotovoltaico de propiedad distribuida
2. Acelerar el desarrollo de infraestructuras para la interconexión europea
3. Prolongar la vida de las nucleares y asegurar el cobro por centrales de gas
4. Asegurar un mercado de pequeños consumidores esclavizado a las eléctricas.

Pues bien, me quedé corta, no era una estrategia a medio plazo sino inmediata, están aprovechando bien la ola de reformas y el estado de shok que impide reaccionar a la población. A día de hoy han cumplido con creces todos los objetivos y alguno mas, si bien el éxito es menos meritorio porque cuentan con la inestimable ayuda de nuestros gobernantes pasados y presentes, que legislan sin tregua para dejarlo todo atado y bien atado.

Así se ha cumplido el primer punto: eliminar el que fue pujante sector fotovoltaico de propiedad distribuida, y también el segundo: acelerar el desarrollo de las infraestructuras de interconexión europea –según Red Eléctrica:  "Durante el 2011 se han construido 1.705 km de nuevas líneas, cifra que constituye un récord de puestas en servicio"[2] – no está mal para un año de crisis, aunque no se entiende la urgencia en un contexto de disminución de la demanda eléctrica.

En cuanto al tercero, el gobierno saliente aprobó la Orden que asegura el cobro a las centrales de gas aunque estén paradas y el actual acaba de prolongar la concesión a la nuclear de Garoña.

Pero donde no esperaba que avanzaran tanto y con tanto descaro ha sido en el cuarto punto: el mercado de pequeños consumidores donde fácilmente se podía haber trabajado en la democratización del sistema. Pues no señor, no lo van a consentir, quieren impedir por cualquier medio que el ciudadano, individual o colectivamente, pueda escapar al control de las eléctricas.

Por eso aunque en su ultimo consejo de ministros el PSOE aprobó el RD de Conexiónde pequeñas instalaciones a red, que supone un avance hacia el autoconsumo, al mismo tiempo tramitaba el aberrante RD de Balance Neto que anula las ventajas del anterior   porque obliga a los autoproductores a regalar al sistema la energía excedentaria y además pagar por el servicio, con lo que podría salir mas caro autoproducir que comprar a la eléctrica.

Y si se pone difícil independizarse individualmente mediante el autoconsumo, tampoco va a ser fácil que la sociedad civil se organice para hacerle la competencia al oligopolio formado por las cinco empresas de UNESA. La ultima jugada maestra que ha pasado sin ruido es la congelación de las Tarifas de Ultimo Recurso (TUR), que es la que tienen la mayor parte de consumidores domésticos.

La congelación de la TUR: estrangulando la competencia
Puesto que el sector eléctrico es tan opaco, conviene aclarar primero alguna cosa sobre las tarifas. Según la RAE tarifa es el "precio unitario fijado por las autoridades para los servicios públicos realizados a su cargo".

En el caso de la electricidad, el estado fija dos tipos de tarifas: las tarifas de ultimo recurso (TUR) y las tarifas de acceso de terceros a red (ATR)  o peajes.

Mientras la TUR es una tarifa que se aplica directamente al consumidor, las ATR se trasladan indirectamente como parte del precio de la electricidad. El precio se compone básicamente de dos términos, por un lado la energía y por otro los peajes o ATR que son los mismos en la TUR y en el mercado liberalizado, por tanto la diferencia de precios para el usuario la marca el precio de la energía.

Pero ¿Cómo se ha hecho la congelación de la TUR? Recordemos que la TUR solo la  proporcionan las cinco de UNESA y que el precio de la energía se marca en una subasta especial, la Cesur, controlada por las mismas empresas. Pues bien, a cambio de bajar los costes de la energía en la subasta Cesur el gobierno autoriza la subida de los peajes (que vuelven a cobrar las mismas cinco).

Para los consumidores de la TUR se mantienen los precios pero ¿es neutral esta medida? En absoluto, lo que persigue es borrar del mapa a las comercializadoras independientes que tienen sus precios referenciados a la TUR y, al subir los peajes, ven automáticamente reducidos sus márgenes.

El oligopolio eléctrico y sus aliados, los políticos de los distintos gobiernos, no dan puntada sin hilo, quieren barrer la competencia controlando la red y los precios, se trata de que no respire nadie y, a este paso, lo conseguirán antes de que nos demos cuenta.

El déficit de tarifa: a la esclavitud por la deuda
Es imposible entender la paradoja que supone la existencia simultanea en España de la electricidad mas cara de Europa con los beneficios espectaculares de las eléctricas y a la vez el déficit tarifario que amenaza con ahogar cualquier salida a la crisis. Sin embargo han conseguido que lo creamos porque la justificación de los respectivos gobiernos para tomar cualquier medida que afecte al sector es, siempre, reducir el déficit de tarifa que, además, no hace mas que aumentar.

Pero ¿qué es el déficit de tarifa? No es, como se nos repite continuamente, la diferencia entre lo que pagamos por la luz y lo que cuesta producirla, no, el déficit de tarifa es la "diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico y lo que el sistema ingresa vía tarifas", que no es lo mismo.

Hemos visto en el apartado anterior como se manejan los “ingresos vía tarifa” subiendo y bajando las TUR y ATR en función de los intereses del poder eléctrico, veamos ahora un ejemplo que ilustra como se manejan los “costes reconocidos del sistema eléctrico”:

Un día antes de despedirse el ministro Sebastián aprobó la Orden ITC/3127/2011[3] para aumentar los pagos por capacidad (coste reconocido del sistema) a las centrales de gas, en contra de la opinión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que en nota de prensa decía [4] :

“...el enfoque dado a la Propuesta de tratar de evitar el cierre de determinadas centrales no es coherente con  la perspectiva  que debería tener un mecanismo de pagos por capacidad. Asimismo, desde el punto de vista de la seguridad del suministro y en el contexto actual de sobrecapacidad, no parece apremiante ni necesaria la aprobación de esta propuesta.

Por otra parte, el elevado déficit de tarifa actual desaconseja también  su  adopción.  La CNE ha estimado un coste adicional a los actuales pagos de 140 millones de € en el segundo semestre de 2011, si se aplicara la Propuesta de Orden.“[5]

O sea, hemos de pagar “para evitar el cierre de determinadas centrales”, aunque sobre capacidad y no haya justificación alguna y sin que, en este caso, importe el aumento del déficit de tarifa. ¿A qué estamos jugando?

Según muestra el excelente análisis de Javier Sierra Marco en su blog Servicios Energéticos [6] los mencionados pagos por capacidad se han incrementado en un 70%, adivinen qué empresas se benefician. Y esto es solo un ejemplo de como el déficit de tarifa no se saldará nunca porque es un sistema para esclavizar a través de la deuda.

Todo esto nos hace pensar sobre la naturaleza de las relaciones de los ex presidentes de los dos partidos y muchos ex miembros de sus gobiernos con las empresas del sector[7] y en lo que cobran por ello y elucubrar sobre dónde acabará el ministro saliente que tan bien ha servido al oligopolio, o el entrante que tan bien lo está sirviendo.

¿No hay salida?
Claro que si, la ciudadanía debe ser consciente de lo que se nos viene encima. Basta imaginar lo que significa hoy en día vivir sin electricidad. Hemos de ponernos en el lugar de las familias a las que se corta la luz por falta de pago (prohibido en otros países), de los ancianos a los que no llega la pensión, de los hogares con todos los miembros en paro. Los informes de las entidades que tratan con la precariedad son inquietantes.

Todo ello cuando es tremendamente fácil construir otro modelo energético como en Alemania, donde el 50% de las renovables está en manos de los ciudadanos[8]. Es urgente reclamar una auditoria del  déficit de tarifa, que es una deuda ilegitima y odiosa y recuperar la titularidad publica de las líneas eléctricas para construir un sistema democrático dirigido al ciudadano frente al modelo exportador orientado al beneficio del oligopolio eléctrico al que nos quieren llevar.