El secretario de Anpier, Juan Castro-Gil, compareció ayer ante los diputados de la Comisión de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del parlamento navarro para solicitar que el gobierno foral eleve un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 9/2013. Castro-Gil fue precedido en el uso de la palabra por el socialista Samuel Caro (el Grupo Socialista fue el grupo parlamentario navarro que solicitó la sesión de trabajo). Caro señaló que el RDL 9/2013 "prácticamente supone una sentencia de muerte para los inversores en energía fotovoltaica". El representante socialista comenzó reconociendo, además, que el Partido Socialista "tomó una serie de decisiones que dejaron tocado y muy mermado al propio sector. Ya recibimos las críticas oportunas, incluso por parte de los representantes de Anpier, pero nunca está de más que se sepa rectificar. Creo que es lo que ha hecho mi partido a nivel federal. Rectificar y reconocer que probablemente cometió un importante error. Yo creo que de lo que se trata ahora es de que el nuevo gobierno no siga ahondando en el error".
Consenso casi total
Según el comunicado difundido ayer por la asociación, "los productores fotovoltaicos navarros de Anpier, tras solicitar el amparo institucional, presagian que el Parlamento Navarro presentará el segundo Recurso de Inconstitucionalidad [segundo, tras el de la Región de Murcia] frente a las nuevas disposiciones en materia de producción de energías renovables que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio". Y, efectivamente, es muy probable que el Gobierno de Navarra acabe interponiendo el recurso de inconstitucionalidad, pues, a excepción del Partido Popular de Navarra, que solo tiene cuatro diputados en el parlamento de la comunidad foral, todos los grupos parlamentarios se han alineado con Anpier. Así, Bildu, Aralar Nafarroa Bai, EAJ/PNV e Izquierda Esquerra, que ha solicitado una acción más global de presión social y política, más allá de la estrictamente jurídica.
Datos reales que puedo demostrar con facturas
Particularmente reveladora ha sido la intervención del delegado de Anpier en Navarra, Juan Antonio Cabrero Samaniego. Recogemos a continuación un extracto de la misma: "en Navarra tenemos 9.680 instalaciones fotovoltaicas. Casi el 90% de ellas son de menos de 25 kW. Y hay seis mil de cinco kilovatios. Las instalaciones de cinco kilovatios se vendieron a 51.000 euros con un préstamo a pagar en diez años. Los ingresos al año son aproximadamente de 4.700 euros. Durante diez años tienes que estar haciendo estos pagos y a partir de ahí en su inmensa mayoría... aquí... en Navarra... esto lo teníamos como una especie de complemento para la pensión. ¿Qué ocurre ahora? Pues que faltan cinco años para saldar la deuda... porque los préstamos eran de 2008 a 2018... Faltan cinco años para llegar a 2018. Y con este RDL, que además el PP lo ha convalidado en el Congreso, lo que ocurre es que vamos a pool [mercado mayorista], y, si vamos a pool, los ingresos van a ser de 500 euros al año. El mantenimiento cuesta 436 euros. Y además tienes que pagar el préstamo al banco, porque para eso el PP no ha hecho absolutamente nada".
El RDL 9/2013 elimina las primas que había establecido el propio gobierno para retribuir los kilovatios FV y propone en su lugar lo que denomina una "rentabilidad razonable". Esa rentabilidad, que ha establecido el ejecutivo discrecionalmente en el "7,5% antes de impuestos", depende además de factores -varios- que aún no han sido lo suficientemente clarificados por el gobierno central. El sector prevé una merma gravísima de impuestos que puede conducir a la quiebra a muchos pequeños inversores. Cabrero Samaniego ha calificado el RDL de "barbaridad" y ha concluido su intervención solicitando a los diputados presentes que promuevan un recurso de inconstitucionalidad contra ese real decreto ley, que ha suscitado un rechazo generalizado en el sector.
Puedes acceder a todas las comparecencias aquí (la intervención de Castro-Gil comienza en el minuto 11).
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