La orden de cese de Garoña ha sido firmada hoy por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, “un procedimiento administrativo iniciado hace meses; que el Ministerio tenía que concluir antes del 6 de julio”, ha explicado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, informa Efe.
Se trata de una “orden de cese basada en motivos económicos, que no de necesidad; ahora se trata de trabajar sobre la posibilidad de que pueda reanudarse en el futuro dado que no hay problemas de seguridad", ha dicho. Esta semana, Nuclenor, la empresa conjunta de Iberdrola y Endesa, propietaria de la central, comunicó a los trabajadores que el cese era “reversible” y que a partir del próximo lunes, trabajarían en un “periodo de transición” hasta decidirse el futuro de la planta.
Greenpeace ha anunciado que “tomará las acciones legales oportunas para que no prospere ninguna medida que pretenda evitar el cierre de la central”. La organización ecologista denuncia que “con esta orden de cierre basada en ‘motivos económicos y no de seguridad’ el Gobierno favorece los intereses de una compañía energética por encima de la seguridad de la ciudadanía, puesto que ha obviado todas las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear”. Greenpeace anima a la ciudadanía a sumarse a la concentración ante Garoña que se celebrará este domingo a las 12 horas.
Greenpeace exige al Gobierno transparencia y legalidad en sus procesos puesto que ya ha iniciado esas modificaciones al introducir la posibilidad de renovar un permiso después del cese en el proyecto de Real Decreto para la gestión de residuos nucleares (1).
La organización ecologista destaca que los “motivos económicos y no de seguridad” que expresa la orden de cierre son los que permitirían reabrir la central amparándose en el citado proyecto de Real Decreto para la gestión de residuos nucleares (2). Esto no sucedería si el cierre hubiera estado basado en las razones de seguridad reconocidas por el CSN, además de que el proyecto de RD prohíbe expresamente la reapertura en este caso.
“Los actos administrativos que se dictan a sabiendas de estar favoreciendo intereses particulares tienen un nombre en nuestro país y es el del delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal” ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. “El ministro de Industria debería saber que escribir normas que favorecen los intereses particulares de las empresas nucleares es un delito grave, y más cuando es la sociedad quien asume sus riesgos”.
Greenpeace añade que lo que ha sucedido hoy es una prueba más de la connivencia existente entre el Gobierno y las grandes eléctricas en España y un caso más para el estudio de la Fiscalía General Anticorrupción.
(1) Según el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
“... (Asimismo, se modifica el citado Reglamento, a fin de aclarar que la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación en la que se establecen las condiciones a las que han ajustarse las actividades a realizar en la instalación hasta disponer de la autorización de desmantelamiento, introduciendo la posibilidad de su renovación tras dicho cese, cuando éste haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica.)...”.
(2) Según la orden de cese definitivo “....(aún cuando no existan razones técnicas de seguridad nuclear y protección radiológica que lo exijan y la empresa titular de la instalación haya invocado razones económicas para no solicitar la renovación de la autorización de explotación...)”.
