Si el resultado en 2012 fue desastroso, con una desviación del déficit tarifario cuatro veces superior al de las primas de las renovables, “el hecho de que se persista en el error es un ejemplo de ineptitud de los responsables de la política energética del Gobierno”, asegura la fundación.
En el documento, FR incide en que “la demostrada inutilidad de las medidas aplicadas representa la falta de voluntad y capacidad políticas para reformar con independencia nuestro sistema eléctrico ya que las medidas recaudatorias y presupuestarias no constituyen ninguna reforma sino dejar todo tal y como está eliminando competidores mucho más eficaces, como son las renovables y la eficiencia energética”
Añade que “en lugar de cambiar el modelo para adaptarlo a más renovables, se ha decidido expulsarlas del mercado y eliminar el concepto de ahorro de energía para que todos los consumidores aseguren los ingresos del sistema consumiendo hidrocarburos importados sin límite”. Advierte, asimismo, del mayor peso que tuvieron en 2012 las tecnologías más contaminantes. Según datos de REE, mientras la generación con gas se redujo un 24%, la aportación del carbón aumentó un 25%, y la nuclear un 6%. Las renovables redujeron entre 2011 y 2012 su aportación porcentual a la demanda en un 9%.
Insoportable dependencia energética
Para la Fundación, “las medidas contra las renovables realmente son un instrumento para ocultar nuestros problemas energéticos. El más grave, y del que menos hablan los reguladores, es la cada vez más insoportable dependencia energética”. Javier García Breva, presidente de FR, destaca que, pese al crecimiento negativo del PIB, “las importaciones energéticas en 2012 crecieron un 14%, el grado de dependencia del gas de Argelia ha pasado del 42% en 2012 al 53% en 2013, cuando la demanda para generación se ha reducido en un 48%, o que España sea el primer importador europeo de gas natural licuado con una dependencia 30 puntos superior a la media de la UE”. Unos hechos que, en su opinión, resultan “reveladores de que la dependencia energética constituye un problema de seguridad nacional inadvertido”.
En el documento se afirma rotundamente que “España ya no es líder en renovables, pero ahora es líder global en inseguridad jurídica y riesgo regulatorio. La inseguridad para los inversores es la verdadera Marca España y el arbitraje internacional su aportación más innovadora”.
Por último, como consideraciones finales se plantean cuatro puntos en torno a estas ideas:
a) Una reforma energética realista y eficaz ha de partir de un reconocimiento certero de los problemas y del impacto que la crisis económica está teniendo en el sistema eléctrico desde 2007.
b) El sistema eléctrico necesita cambios estructurales y de fondo.
c) Una política energética racional debería hacer del ahorro y la eficiencia energética una prioridad por su impacto positivo en la economía española y por el enorme potencial de ahorro. La generación distribuida, el autoconsumo y el acceso de los consumidores a los servicios energéticos para ser parte activa en la gestión de la demanda.
d) Es evidente que las prioridades energéticas de Europa no coinciden con las prioridades de la política española y eso debería ser parte fundamental de cualquier reforma transponiendo al ordenamiento jurídico las directivas pendientes de renovables y eficiencia energética.