En una carta firmada por el presidente de Asemfo, Miguel Ángel Duralde, este hace un repaso a las dos décadas de trayectoria de la asociación, que en los últimos años ha tenido una repercusión notable en el ámbito de la bioenergía. “Defender con carácter asociativo la actividad empresarial privada para la gestión de nuestro medio natural” ha sido uno de los objetivos destacados de Asemfo.
“Desarrolla también una importante labor de asesoramiento técnico a los asociados, elabora estudios sectoriales, lleva a cabo la ejecución de numerosos proyectos de formación, de nuevas tecnologías, de educación y sensibilización ambiental” expone Duralde, y entre estos trabajos podrían incluirse las aportaciones a las tramitaciones de los planes de energías renovables (PER) o la legislación que afecta al aprovechamiento energético de la biomasa forestal.
El deber de los poderes públicos con la bioenergía
Según Duralde “el sector forestal continúa en una situación muy crítica, iniciada en el año 2008”, en la que se ha reducido “al menos el 20% de las empresas, motivado por la fuerte crisis que afecta al sector forestal, la falta de confianza en la iniciativa privada empresarial, a la que desde las Administraciones Públicas se destina únicamente un tercio de la inversión total en el sector, y la disminución de un 50% de la inversión desde el año 2009, a lo que se suma la complejidad legislativa y administrativa en constante aumento, causa de la rotura real del mercado único español, que dificulta o casi imposibilita cualquier actuación empresarial”.
El presidente de Asemfo entiende que el sector forestal es un amplio y variado ecosistema de oportunidades, que, por lo tanto, “los poderes públicos deben apoyar e impulsar a través de la gestión integral de zonas forestales, el aprovechamiento energético de la biomasa, la defensa del sector forestal en el nuevo periodo de programación de la PAC, la custodia del territorio, el contrato territorial, la valorización de externalidades y el pago por servicios ambientales, la confianza en la iniciativa privada empresarial, la necesaria simplificación administrativa, la comunicación a la sociedad sobre la importancia y riqueza de nuestro medio natural y la colaboración y confianza de la Administración con los agentes sectoriales”.
