El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha declarado esta semana que, a partir del uno de enero de 2015, "no se aplicará la limitación relativa a la construcción naval civil" sobre Navantia. El veto europeo -algunas de cuyas primeras medidas fueron impuestas ya a finales de los ochenta- grosso modo suponía que la facturación civil de Navantia no podía superar la cuota del 20%, o, dicho de otro modo, que el 80% de su facturación debía ser militar.
Setenta millones de euros
Pues bien, ahora, la Unión Europea va a levantar ese veto, lo cual abre interesantes perspectivas para Navantia en el mercado civil, sobre todo en dos sectores: el de los combustibles fósiles (plataformas petroleras y para la extracción de gas) y el de las energías renovables (sobre todo, parques eólicos marinos). Esa línea de negocio, no obstante, ya la había empezado a sondear Navantia hace unos meses. Así, el pasado mes de junio, Iberdrola anunciaba que el astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz) fabricará y montará la subestación eléctrica del parque eólico marino alemán Wikinger, que es propiedad de la multinacional hispano-catarí (el principal accionista de Iberdrola es el Fondo Soberano de Catar). Iberdrola ha adjudicado ese contrato al astillero de Puerto Real (en la foto) por un valor de 70 millones de euros.
Consejo de agosto
Más suerte sin embargo han tenido los astilleros de Ferrol (Coruña) y Bahía de Cádiz, a los que el Ejecutivo Rajoy adjudicara el pasado uno de agosto contratos militares por valor de más de 300 millones de euros (M€). Según informara el mes pasado Moncloa, "el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de orden de ejecución para la construcción de dos Buques de Acción Marítima oceánicos". Los buques de guerra (foto) serán entregados a la Armada tras su construcción -informa Moncloa-, que se llevará a cabo "entre los años 2014 a 2019 con un coste estimado de 166.740.000,00 euros por unidad". El Consejo de Ministros ya había aprobado a finales de mayo trabajos para un submarino militar por valor de más de 40 millones de euros (en ese caso los afortunados han sido los astilleros de Navantia Cartagena). Ambas operaciones suman un total de más de 370 M€, a los que el Ejecutivo ha añadido otros 70 "para alargar la vida de los Harrier [aviones de combate] hasta 2025", es decir, que el Gobierno ha comprometido casi 450 M€ en material militar en apenas tres meses.
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