La Directiva 2010/75 de la UE establece que las centrales térmicas pueden acogerse, por medio de un Plan Nacional Transitorio (PNT), a una exención que les permite seguir emitiendo, hasta 2020, valores más altos de contaminantes —entre los que se incluye el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas— que los establecidos por dicha Directiva.
El Iidma indica, sin embargo, que a pesar de que fue aceptado por la Comisión Europea en marzo, el PNT no respeta la legislación española que requiere que “una vez que la Comisión Europea dé el visto bueno al plan nacional transitorio elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Consejo de Ministros, a propuesta de ambos ministerios” apruebe el plan nacional transitorio.
El Consejo de Ministros no lo ha aprobado aún ni se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.
“Por ello, las centrales de carbón están operando en España bajo un plan que no cumple con los requisitos legales exigidos por nuestro estado de derecho desde enero de 2016, causando perjuicios a nuestra salud y daños al medio ambiente”, declara Ana Barreira, Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.
Asimismo, “el PNT no ha sido sometido a una evaluación ambiental estratégica como requiere tanto la legislación internacional y de la Unión Europea como la de nuestro país. En consecuencia, dicho plan no se ha sometido a un procedimiento de participación pública que también exige esa legislación,” prosigue Ana Barreira.
Puerta abierta a las emisiones
El PNT actual incluye 30 instalaciones, de las cuales 22 utilizan carbón como combustible. Dicho plan no solamente permite a las centrales emitir por encima de los niveles establecidos por la Unión Europea, sino que no está actualizado ya que cuenta con una central que dejó de funcionar dos meses antes de que la Comisión Europea diera su visto bueno al plan, lo cual eleva las emisiones permitidas para el resto de las centrales incluidas en el mismo.
El plan es solo una de las varias opciones que las centrales térmicas tienen a su disposición para poder seguir emitiendo por encima de los niveles de contaminantes establecidos en la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) de la Unión Europea.
Entre las otras opciones, las centrales también pueden limitar sus horas de funcionamiento a 17.500 horas en los próximos ocho años o, en el caso de las centrales que formen parte de una red más pequeña y aislada, pueden seguir emitiendo por encima de los límites establecidos hasta el 2019.
“Esto –indica el instituto– “a pesar de que las emisiones de las centrales térmicas de carbón en España causaron 1.530 muertes prematuras en el 2013, tal y como se refleja en el informe “Lifting Europe’s Dark Cloud” de EEB y otros”.
A día de hoy, las centrales de combustión que utilizan el carbón representan poco más del 10% de la potencia total instalada en el país, pero son responsables del 70% de las emisiones de dióxido de carbono de todo el sector productor de electricidad.
El gobierno sostiene que estas centrales son necesarias para mantener un margen de seguridad en la red eléctrica. El Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente afirma que no es así: “el sistema actual del país tiene una capacidad excedentaria de alrededor del 30%, por lo que eliminar el carbón no supondría problemas en la seguridad de suministro”.
