“Esta reforma introduce certidumbre”, ha asegurado el titular de Industria José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es la reforma definitiva”, ha dicho rotunda la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero no está claro que así sea. Ni siquiera que las medidas anunciadas vayan a poner fin a la bestia negra que se quiere doblegar: el déficit de tarifa.
Los ministerios de Industria y Hacienda llevan meses tirándose los trastos a la cabeza a cuenta del reparto de las cargas que deberán asumir consumidores, eléctricas y los presupuestos del Estado para hacer frente a un déficit que este año alcanzará los 4.500 millones. Pero cuando han tenido la oportunidad de hacer una reforma del mercado eléctrico en profundidad han preferido mirar para otro lado.
La reforma de los costes de la energía, la auténtica reforma energética, tendrá que esperar tiempos mejores. “Le he pedido al secretario de Estado, Alberto Nadal, que vea qué mejoras se pueden introducir en el funcionamiento del mercado”, ha dicho el ministro.
Soria ha insistido una y otra vez que la reforma establece un marco normativo que garantiza la estabilidad financiera del sistema y lo mejorar de cara al consumidor, clarificando la factura y favoreciendo la competencia. También ha dicho que “el déficit tarifario supera los 26.000 millones y que, de no haberse tomado ninguna medida desde 2012, ascendería este año a 10.500 millones de euros. Lo que habría supuesto una subida de la luz del 42%”.
De los 4.500 millones del déficit previsto para este año, 2.700 millones serán asumidos por las compañías (todas, convencionales y renovables) a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones de euros serán asumidos por el Estado a través de los Presupuestos Generales y los 900 millones restantes serán asumidos por los consumidores a través de una subida de peajes. Subida inmediata. Porque la reforma contempla una subida de las tarifas de acceso en el mes de agosto del 6,6%, que se traducirá en un 3,2% en la factura final de los consumidores domésticos.
Rentabilidad razonable
La reforma establece un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de renovables, que “recibirán un complemento por sus costes de inversión basado en estándares por tecnologías, garantizando una rentabilidad razonable antes de impuestos que, en principio, girará sobre el rendimiento medio en los 10 años anteriores de las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos”. Esa rentabilidad sería del 7,5%.
El Gobierno entiende que este nuevo marco retributivo, que elimina de facto el sistema de primas, “constituirá un instrumento adecuado para la protección y fomento de las renovables, al incorporar mecanismos que aseguraran su adaptación a las circunstancias en lo que sea necesario para mantener el principio de rentabilidad razonable”.
Los recortes para las renovables, que a partir de ahora irán al mercado, se aplicarán el 1 de enero de 2014. Si se da el caso, las que hayan cobrado en este segundo semestre más de lo que contempla el nuevo mecanismo, tendrán que realizar entonces una liquidación y devolverlo. El Economista apunta que la reforma “recoge una modificación importante del mercado mayorista de electricidad, ya que suprime la prioridad de despacho de las renovables para evitar que se oferten a precio cero y hundan el mercado. Así, las tecnologías verdes se ofertarán a coste producción y a partir de ahí el Gobierno calculará la cantidad con la que retribuir a cada tecnología. El modelo de retribución de las actividades reguladas se revisará cada seis años”.
“La moratoria a las renovables sigue en vigor. Y solo un incumplimiento claro de los objetivos de renovables que marca la Unión Europea o cambios en la legislación comunitaria podrían cambiar ese escenario”, ha apuntado Soria.
El nuevo régimen para las redes de transporte y distribución establece una “retribución homogénea adecuada a una actividad de bajo riesgo, es decir, Obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos”. También se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.
La reforma introduce medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel de los sistemas extrapeninsulares e insulares. También se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las centrales de ciclo combinado, fundamentalmente y se establece un mecanismo de mercado para calcular la interrumpibilidad.
Además, se establece un sistema básico de incentivos para Canarias y Baleares, “dónde la energía eólica y fotovoltaica es más barata que la generación convencional”, reconoce el Gobierno. Que habilita también la posibilidad de cierre temporal (hibernación) de 6.000 MW de ciclos combinados de gas, de los 26.000 existentes, que están ociosos la mayor parte del tiempo.
Precio Voluntario al Pequeño Consumidor
Es el nuevo nombre de la Tarifa de Último Recurso, a la que se acogen la mayor parte de los consumidores domésticos. La reforma habilitará nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes (hasta ahora prácticamente en manos de las comercializadoras de Unesa), permitiendo además la competencia entre ellas, ya que pueden hacer ofertas y descuentos. Además, se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora y se refuerzan los mecanismos de atención al cliente. Los consumidores más vulnerables podrán continuar acogiéndose al descuento del bono social.
Por otra parte, la reforma reforzará la lucha contra el fraude y se modificará la estructura de peajes para reducir el coste sobre el consumidor medio y penalizar los consumos de las segundas viviendas y las viviendas vacías.
Estas son las propuestas de reales decretos y órdenes aprobadas y remitidas a la CNE:
• Propuesta de real decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.
• Propuesta de real decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
• Propuesta de orden por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica.
• Propuesta de orden por la que se establecen las retribuciones del segundo periodo de 2013 para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y se establecen otras medidas en relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de años anteriores.
