Hace casi un trienio, en el mes de julio del año 2013, Energías Renovables publicó un análisis -La solución del déficit de tarifa, llovida del cielo- que arrancaba exactamente en estos términos: "Todo el mundo sabe que nuclear y gran hidráulica cobran más de lo debido (en lo que a eso se refiere nunca fue más pacífica la doctrina ni más amplio el consenso). En los últimos cinco años, y gracias a unas reglas de mercado que se hicieron a su medida, esas dos tecnologías -la nuclear y la hidroeléctrica- han obtenido rentabilidades en muchas ocasiones absolutamente desmesuradas (de hasta un 2.200%). En total, más de 14.000 millones de euros de sobreretribución en el quinquenio 2008-2012. ¿Por qué no reduce el gobierno esa rentabilidad obscena hasta convertirla en "razonable" y emplea esos beneficios pornográficos (formidable sobreretribución que este año podría ascender a 4.000 millones de euros) en combatir su más negro fantasma: el déficit de tarifa?". Eso decíamos, hace ya casi tres años, en aquel artículo de análisis.
Para un gobierno estable y con garantías
Ayer, Podemos/En Comú Podem/En Marea presentó un documento -Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías- en el que detalla con bastante precisión qué medidas políticas implementará (si llega al gobierno, se entiende) en materia de energía. ¿Entre ellas? Retribución razonable para todas las fuentes de generación de electricidad basada en los costes reales de producción. No es esa en todo caso la única medida que va a escocer a los señores del oligopolio. En el programa del partido morado, también caben la auditoría del sistema eléctrico, "incluyendo tanto la de la deuda acumulada por el déficit de tarifa, como una auditoría de costes de todo el sistema"; demanda ante la justicia de "la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia"; o el establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas.
Fiscalidad verde, plan de transición energética y plan pro-renovables 100% de cara al año 2050
Además, el documento de "Bases políticas para un gobierno estable y con garantías" que han publicado Podemos y compañía propone, uno, "una verdadera fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética" (entre otras cosas pide que se le exima a las renovables de pagar la famosa Tasa Soria del 7%); dos, la aprobación de un Plan Nacional de Transición Energética que tendrá "dos ejes fundamentales": un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y un Plan Nacional de Energías Renovables ("que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación"); y tres, la elaboración de "un plan detallado con el objetivo de tener un sistema eléctrico 100% renovable en 2050".
¿Y del autoconsumo?
El plan de gobierno de Podemos también es explícito en materia de autoconsumo. El partido morado y sus compañeros de viaje apuestan "por la derogación de todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación, como las previstas en el Real Decreto (RD) 900/2015, y la revisión de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico". En lo que al autoconsumo se refiere, la legislación que propone Podemos/En Comú Podem/En Marea tiene estos rasgos fundamentales: la energía autoconsumida instantáneamente debe quedar libre de cualquier tipo de imposición; la energía vertida al sistema eléctrico debe ser justamente retribuida por la empresa comercializadora; los trámites administrativos deben ser ágiles; y deben permitirse instalaciones compartidas; por ejemplo, entre viviendas de una misma comunidad de vecinos. Por lo demás, el plan dice no al fracking y apuesta por el cierre paulatino de las centrales nucleares.
A continuación, recogemos todas las propuestas energéticas contenidas en
Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías
Se establecerá una verdadera fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética, impulsando la convergencia de la presión fiscal medioambiental española con la media de la Unión Europea. Para ello:
a) se reformarán los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre el carbón y, en particular, los beneficios fiscales existentes;
b) se aplicará una exención del impuesto sobre la producción de la electricidad para las instalaciones renovables de menos de 100 kilovatios;
c) se igualarán los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo;
d) se reformará el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para tomar en consideración las características contaminantes de los vehículos;
e) se estudiará la posibilidad de establecer tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte;
f) se estudiará la aplicación de impuestos de congestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte público;
y g) se establecerá un precio mínimo en los derechos de emisión de CO2.
Una política industrial cuyo pilar sea la transición energética y cuyo instrumento sea una banca pública
Para garantizar un crecimiento sostenido e inclusivo, la economía española debe resolver los problemas estructurales a los que se ha enfrentado desde hace décadas: un bajo nivel de productividad; un excesivo peso de los sectores de escaso valor añadido; un sobredimensionamiento de la actividad constructora e inmobiliaria; una progresiva
desindustrialización; una limitada capacidad exportadora de los sectores manufactureros avanzados; y una fuerte dependencia importadora, particularmente en el sector energético.
Por otra parte, la lucha contra el cambio climático exige una transformación de nuestro modelo energético, basada en dos pilares:
1. la eficiencia energética
2. y la sustitución de fuentes contaminantes por tecnologías renovables.
El primero de ellos nunca ha sido tomado en serio en la política energética de nuestro país, mientras que la penetración de las energías renovables ha sufrido una severa reversión desde 2010. Además, la transición hacia un nuevo modelo energético permitiría atacar problemas estructurales de nuestra economía (como el desempleo o la dependencia energética exterior) y de nuestra sociedad (como la pobreza energética), y ofrecerá la posibilidad de devolver a la ciudadanía —por medio de la democratización de la generación de electricidad a través del autoconsumo, por ejemplo— el control sobre un sector dominado durante décadas por un fortísimo oligopolio. Finalmente, el cambio en el modelo energético servirá de catalizador para otros cambios fundamentales en el modelo productivo español.
Por tanto, las dos prioridades estratégicas del Gobierno del Cambio en el desarrollo de su política industrial serán:
1. Mejorar la inserción de las empresas nacionales en una economía globalizada para que puedan aportar un elevado valor añadido a la economía nacional;
y 2. Impulsar la transición energética hacia la descarbonización de la economía, que debe ser un catalizador de las inversiones y de los cambios estructurales que necesita el modelo productivo español.
La política industrial tiene que ser también mucho más flexible, señala en su plan de gobierno Podemos: "no se trata de que el Estado ofrezca, mediante las políticas llamadas horizontales, subvenciones de forma indiscriminada, o de que simplemente preste a tipos de interés bajos a empresas privadas, en la mayor parte de los casos sin controlar el destino de esos recursos. En este marco, Podemos-En Comú Podem-En Marea cita varias medidas:
1. El Gobierno aprobará un Plan Nacional de Transición Energética hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. Sus dos ejes fundamentales serán un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y un Plan Nacional de Energías Renovables que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación.
2. El suministro energético recuperará su carácter de servicio público, con independencia de que sea gestionado por instituciones públicas o privadas. Los hogares vulnerables tendrán garantizado el acceso a un consumo mínimo vital de electricidad y gas a un precio adaptado a su renta. El coste de esta medida será asumido por las empresas suministradoras proporcionalmente a su volumen de negocio.
3. El Gobierno del Cambio reclamará ante la justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia.
4. Se creará un organismo independiente que supervise realmente el funcionamiento del sistema energético y esté exclusivamente dedicado a él (como la extinta Comisión Nacional de Energía).
5. Se llevará a cabo una auditoría del sistema eléctrico, incluyendo tanto la deuda acumulada por el déficit de tarifa como una auditoría de costes de todo el sistema.
6. El Gobierno del Cambio impulsará una reforma del sistema eléctrico, que incluirá:
a. El establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico, y específicamente la integración vertical. En particular, se separará la propiedad y la gestión de las redes de distribución.
b. La modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico de modo que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción. Esta retribución proporcionará ventajas comparativas a las fuentes de menor impacto ambiental. Además, el nuevo marco terminará con los «beneficios caídos del cielo» de las centrales nucleares e hidroeléctricas.
c. La elaboración de un plan detallado con el objetivo de tener un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. La política en el ámbito del sector eléctrico será coherente con la consecución de ese plan.
d. La derogación de todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación, como las previstas en el RD 900/2015, y la revisión de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
En lo que al autoconsumo se refiere, la legislación que propone Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene estos rasgos fundamentales: la energía autoconsumida instantáneamente debe quedar libre de cualquier tipo de imposición; la energía vertida al sistema eléctrico debe ser justamente retribuida por la empresa comercializadora; los trámites administrativos deben ser ágiles; y deben permitirse instalaciones compartidas; por ejemplo, entre viviendas de una misma comunidad de vecinos.
e. La determinación del número de centrales de ciclo combinado imprescindibles. El resto de ellas no recibirá pagos por capacidad.
f. La planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores.
g. El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024. Igualmente, se elaborará un Plan de Residuos Radiactivos que avance las medidas necesarias para afrontar el cierre total del parque nuclear español de acuerdo con las fechas de expiración de dichos permisos.
Medio ambiente y mundo rural
1. Elaboración de una Ley de Cambio Climático que tendrá, entre otros, los siguientes contenidos mínimos:
• Potenciación de las actuaciones autonómicas en materia de política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y aumento del efecto sumidero.
• Ante la deficiencia del mercado actual de emisiones, se propone retomar las negociones con Europa para realizar una nueva propuesta en materia de gestión de emisiones de CO2 para poner precio fijo a la tonelada de carbono emitido de acuerdo con las previsiones de la UE.
• Elaboración y desarrollo de un plan de transición energética, para que el 100% del consumo proceda de energías renovables en el año 2050. Más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España se originan en el sistema energético (véase la sección donde se trata el nuevo modelo energético).
• Plan de reducción de emisiones de sectores difusos.
• Plan de incentivación de la transición energética en empresas.
• Impulso de la fiscalidad verde que penalice, a lo largo de la cadena de valor, la generación de deshechos.
• Fin de las ayudas al carbón doméstico. Cierre paulatino de las centrales de carbón.
• Plan de transición a una economía baja en carbono para reducir las emisiones de instalaciones industriales y sectores energéticos.
2. Prohibición del fracking y de las nuevas exploraciones de hidrocarburos.
3. Cierre paulatino de las centrales nucleares en funcionamiento en España.
