Grosso modo, el RD 413/2014 sustituye la prima por el concepto de "rentabilidad razonable". A saber: hasta el momento de la entrada en vigor de este RD las instalaciones cobraban una cantidad determinada por kilovatio hora generado (prima determinada y establecida en una ley recogida en el Boletín Oficial del Estado). Pues bien, a partir de la entrada en vigor de este RD, las instalaciones renovables cobran una "rentabilidad razonable". ¿Problema? Que esa rentabilidad ha sido establecida discrecionalmente por el gobierno. Discrecionalmente y/o en función de una serie de criterios que no atienden a la realidad del sector, según denuncian APPA y otras asociaciones. En teoría, grosso modo, el Ejecutivo debía cuantificar la inversión (cuánto ha invertido un promotor en montar su instalación renovable), debía cuantificar a continuación el coste de la operación y el mantenimiento de esa instalación y debía por fin aplicarle su rentabilidad razonable (el Ejecutivo ha considerado "razonable" que la rentabilidad sea del 7,5%).
Las cuentas
En la práctica -denuncian todas las asociaciones del sector-, el Ejecutivo ha hecho mal las cuentas (ha subestimado esas inversiones y el coste de la operación y el mantenimiento, OyM) y ha acabado recortándole al sector sus ingresos hasta, en algunos casos, un 100% (casi un tercio de los parques eólicos ya no perciben incentivo alguno porque se supone que, cuando entró en vigor el RD 413 ya habían obtenido toda esa rentabilidad razonable). Todo ello, independientemente de que APPA y compañía consideran "impropio de un país desarrollado" el que se rompa con la seguridad jurídica de esa manera. La ruptura de esa seguridad se explica con tres apuntes: anteriores gobiernos prometieron a quienes invirtieran en renovables -lo prometieron en el Boletín Oficial del Estado- el cobro de una prima muy concreta durante un período muy concreto (25 años); los promotores decidieron entonces invertir en ese marco presuntamente seguro (establecido vía BOE) y ahora se encuentran con que este nuevo gobierno rompe el BOE de antaño y lo reescribe en clave de recortes de hasta el 100%.
Siete coma cinco
Además, e independientemente de lo discutible que puede ser una "rentabilidad razonable" del 7,5% (¿y por qué no el 7,9% ó el 7,2?), el RD 413 incluye un par de párrafos que instituyen, durante el próximo quinquenio, la discrecionalidad más absoluta y que están sembrando el terror entre los inversores. Y lo están sembrando porque resulta que el RD 413 establece "periodos regulatorios de seis años de duración" que a su vez se dividen en dos "semiperíodos regulatorios de tres años". Y el RD dice luego que "los parámetros retributivos podrán ser revisados al finalizar cada semiperiodo o periodo regulatorio". O sea, que, si a la vuelta de tres años, el Ejecutivo decide volver a echar cuentas, y las echa como ahora, el sector podría volver a sufrir nuevos recortes. Vamos, que el RD susodicho, el de los períodos y los semiperíodos, parece estar enviando un mensaje para navegantes... o indicándole a los inversores que se anden con mucho cuidadito, que mañana el Ejecutivo volverá a hacer "sus" cuentas. ¿Terrorismo regulatorio?
Y quién me asegura que...
En fin, que, si el Ejecutivo ejecutó en 2014 -en plena crisis económica y financiera- ese recorte, ¿quién le dice a un inversor que no volverá a ejecutar otro tajo similar al final del primer semiperíodo? ¿Quién le asegura a un inversor que a la vuelta de tres años el legislador NO le va a recortar otra vez las retribuciones? ¿Quién se atreve a decirle eso a un promotor si en el propio texto del RD en cuestión el legislador se reserva el derecho a revisar los "parámetros retributivos"? APPA tiene clara la lectura del RD ahora aprobado: el RD 413 -explicaba la asociación hace unos meses en uno de sus comunicados- introduce "más inestabilidad regulatoria, pues contempla la posibilidad de modificar cada tres años los parámetros retributivos de las mismas [instalaciones renovables] de forma arbitraria". Esta normativa -añade APPA- "ahuyenta cualquier posibilidad de inversión, española o extranjera, en el sector de las renovables en nuestro país y compromete seriamente los objetivos europeos asumidos por el propio Gobierno español".
Penalizando
Exactamente lo mismo opinaba a mediados del año pasado el director general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso: "el RD aprobado por el Consejo de Ministros -decía Donoso entonces- penaliza no sólo el pasado, sino también el futuro. Con la inseguridad jurídica que se ha creado para nuestro país, será muy difícil en el futuro convencer a los inversores de que acudan a este sector, o solo lo harán con una prima de riesgo que perjudicará la competitividad de la tecnología”. Tanto APPA como Donoso podrían presumir hoy de haber acertado. A treinta y uno de diciembre de 2014, último ejercicio con los datos cerrados, la eólica había instalado 27,9 megavatios en España (en todo ese año); y la fotovoltaica, 22. Es decir, los peores registros de los últimos veinte años (caso de la eólica), y del último quinquenio (caso de la solar FV), mientras que la termosolar se ha quedado, simplemente, congelada en foto fija. Hasta el punto de que, en los dos últimos años, no ha añadido a su cuenta ni un solo megavatio.
Ante el TS
Así las cosas, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) presentó ante el Tribunal Supremo (TS), en julio de 2014, un recurso contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Y ahora ese recurso -informa la asociación- "está cerca de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el que APPA podrá defender los intereses del sector de las renovables". Esto es así -explica la asociación- porque, en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto por APPA, "el Tribunal Supremo ha dictado providencia contra el citado Real Decreto y, "una vez dictada la providencia, habiéndose evacuado el trámite de conclusiones por las partes (APPA y la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), queda pendiente de señalamiento para votación y fallo por parte del Tribunal Supremo".
Rumbo a Bruselas
Según APPA, esta providencia "es de suma importancia en cuanto al acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en tanto que se abre la puerta para atender la pretensión de APPA de elevar la cuestión prejudicial formulada en su Demanda, donde se plantearon toda una relación de dudas en relación a la interpretación y de adecuación del Real Decreto 413/2014 al Derecho Europeo, en general, y a la Directiva 2009/28 CE, en particular" (Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables). La Asociación quiere "remarcar adicionalmente que ambas partes han acordado en el procedimiento la idoneidad de elevar el proceso a cuestión prejudicial, y más, teniendo en cuenta la posible apertura de un Procedimiento de Examen Preliminar de Ayudas de Estado" (otro asunto este, el de las ayudas de estado, en el que la actitud y la actividad del Ejecutivo resultan más que controvertidas).
A saber
El Gobierno de España ha solicitado a la Comisión Europea "la apertura de un procedimiento de examen preliminar de Ayudas de Estado respecto del régimen retributivo de las energías renovables en España". O sea, que le ha pedido a la Comisión que estudie si las primas que firmó el PP en 2004 y mantuvo el PSOE poco menos que intactas hasta 2010 son conformes o no al marco legal europeo. ¿Y por qué se autodenuncia el Reino de España? ¿Por qué le pide a las autoridades europeas que estudien la legalidad de esas medidas que el propio Reino de España aprobó años atrás? Pues por motivos muy concretos. A saber: "los propósitos del Gobierno español al provocar este procedimiento son sembrar dudas sobre el sistema de apoyo implantado en España hasta 2014 e imposibilitar la revisión por parte de los tribunales nacionales y los arbitrajes internacionales de una norma [el RD 413] que ha generado una gran contestación por parte de la comunidad renovable en España, Europa y el resto del mundo".
La autodenuncia
Eso dice un grupo de eurodiputados españoles en una carta que ha enviado al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Una carta en la que acusan al Ejecutivo Rajoy -al actual Gobierno del Reino de España- de haberse autodenunciado para que la UE se centre en esa autodenuncia y suspenda la tramitación de los "numerosísimos procedimientos contencioso-administrativos" presentados contra el RD 413. Si la Comisión da prioridad a la autodenuncia del Reino de España, los recursos del sector renovable podrían demorarse hasta 18 meses, "algo que dejaría herido de muerte al sector renovable español", según explican los eurodiputados en su carta. La maniobra del Ejecutivo Rajoy -apuntan los firmantes- también podría afectar a "otros recursos [interpuestos] por recortes anteriores (RD 1565/2010, Real Decreto-Ley 14/2010) que aún se encuentran pendientes de resolución, sumiendo así al sector, aún más si cabe -dicen-, en una absoluta inseguridad jurídica".
Maniobras dilatorias
La incertidumbre que produce la existencia de este procedimiento de examen preliminar "y el uso dilatorio que está haciendo el Gobierno del mismo en sedes judiciales y arbitrales" se añaden así "a la inseguridad jurídica ya creada por el Gobierno al aprobar una nueva normativa de retribución de las energías renovables [el RD 413] que aplica de forma retroactiva a las instalaciones preexistentes". Las consecuencias de la inseguridad jurídica ya están aquí. "A efectos prácticos" -dicen en su carta los eurodiputados-, todo ello se ha traducido en "la absoluta falta de inversión en el sector, la dificilísima refinanciación de los proyectos existentes por el elevadísimo riesgo regulatorio, amén de un frenazo a numerosas operaciones en curso en el mercado secundario de activos renovables". Además -concluyen-, la actuación del Gobierno "está poniendo en peligro el cumplimiento por parte del Reino de España de los objetivos impuestos por la Directiva 2009/28/CE, de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables".
Los abajo firmantes
Por todo lo expuesto, los firmantes solicitan a la Dirección General de competencia (DGC) de la UE que no incoe "un procedimiento de investigación formal que podría dilatarse durante un período de 18 meses, algo que, por los motivos expuestos, dejaría herido de muerte, aún más si cabe, al sector renovable español". La no incoación de un procedimiento de esas característias -explican en su carta- sería congruente con decisiones previas de la DGC respecto de otros sistemas de apoyo a las renovables similares al español, "como los de Estonia, Alemania, Francia y República Checa, respecto de los cuales -señalan los eurodiputados- la DGC consideró, tras un examen previo, eran compatibles con el mercado común y consecuentemente consideró que no era necesario iniciar un procedimiento de investigación formal". La carta está fechada el siete de julio y aparece firmada por otros tantos eurodiputados (7) de diversos partidos españoles: PSOE, Izquierda Unida, PNV, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Podemos y Compromís.
Firmantes
Soledad Cabezón (PSOE. Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo)
Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verds. Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea)
Ernest Maragall (Esquerra Republicana de Catalunya-Nova Esquerra Catalana. Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea)
Urbán Crespo (Podemos. Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica)
Izaskun Bilbao (PNV. Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa)
Paloma López Bermejo (Izquierda Unida. Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica)
Jordi Sebastiá (Compromís. Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea)
También firma la carta el vicepresidente del Comité de Industria y Energía de la UE, Miloslav Ransdorf (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica).
