¿Qué está pasando en España cuando la sociedad empieza a estar indignada con las empresas energéticas? ¿por qué se las critica tanto?
Se podría explicar el descontento ciudadano por diversas razones: trato desconsiderado, abusos de todo tipo, continuos aumentos de precios, opacidad, etc. Pero existen otras muchas razones que justifican tal descontento, la principal de ellas, el contubernio entre directivos de las empresas energéticas y responsables políticos de la administración pública. Este hecho no es nuevo, pues en tiempos pasados, cuando eran monopolios, las empresas eléctricas ya tenían intimas relaciones con los responsables ministeriales del ramo, Yo mismo lo pude constatar, en numerosas ocasiones, a principios de los años 80.
Eran tiempos en los que cada empresa energética eran propietaria de las instalaciones de generación, de transporte y de distribución. La ciudadanía que quería disponer de servicios que requerían electricidad y/o gas no tenía otra opción que ‘abonarse’ a la empresa que los monopolizaba en la zona donde residía. El gobierno del Estado garantizaba, mediante la tarifa fijada, la recuperación de todas las inversiones que las empresas realizaban. Y las tarifas fijadas eran cargadas a los abonados que religiosamente las pagaban.
Hoy, la situación es diferente. La Ley 54/1997 del sector eléctrico, que era la trasposición de la Directiva europea 92/96/CE de liberalización del mercado de la energía, cambió las reglas del juego. Se liberalizó la generación y la comercialización, pero continuaron regulados el transporte y la distribución. Según la Directiva, una misma empresa no podía actuar, a la vez, en el segmento liberalizado y en el regulado.
En España, una vez más, los afectados por la Directiva practicaron aquello de ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Así, cada empresa monopolista, verticalmente integrada, se dividió en empresas jurídicamente diferentes para generar y comercializar. Y cada una creó su propia empresa de distribución. Pero se permitió que las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, provenientes de los antiguos monopolios, continuaran formando parte de un mismo grupo empresarial. Con ello, se desvirtuaron completamente los objetivos de la Directiva europea: aumento de la eficiencia, reducción de precios, mejora de la calidad del servicio y aumento de la competencia.
Así las antiguas empresas monopolistas se convirtieron en grupos empresariales oligopolistas, al amparo de las ‘bulas’ que los gobiernos de turno les han ido otorgando; con lo cual hoy continúan manteniendo buena parte de los privilegios que gozaban cuando eran monopolios. Así, las redes de distribución que deberían ser de titularidad pública y al servicio de la sociedad, continúan siendo utilizadas para exclusivo beneficio privado, cuando quién las ha pagado han sido los usuarios de la electricidad y/o gas. De esta forma, dificultan (o incluso, impiden) a la ciudadanía para que ésta pueda verter libremente la electricidad y/o el biogás que haya podido producir en su instalación de autogeneración. Y cuando no logran su objetivo, se inventan peajes (que los reguladores siempre aceptan) para que los autogeneradores aporten su contribución al beneficio de la empresa distribuidora, y, por ende, al grupo empresarial al cual pertenece.
Los oligopolios y sus directivos continúan actuando, en su trato con la ciudadanía, con una mentalidad propia del medievo, cuando había señores y siervos. Las recientes declaraciones de Eduardo Montes, presidente de Unesa, pueden ser un buen ejemplo de ello. Los ‘señores’ de la energía pretenden hacernos ignorar que estamos en pleno siglo XXI, con una revolución tecnológica en marcha, que está cambiando por completo el panorama energético heredado del siglo XX.
Sus esquemas, basados en la visión que Samuel Insul de la Commonwealth Edison de Chicago, junto a otros, logró imponer de que el sistema eléctrico era un monopolio natural, con grandes centrales generadoras, redes de transporte y distribución y personas condenadas a ser ‘abonados’ al suministro eléctrico (consumidores pasivos), han quedado hoy completamente desfasados, pues el esquema unidireccional citado ya no es capaz de proveer los servicios que hoy demanda la ciudadanía mediante la eficiencia y las energías renovables, pues los oligopolios continúan enriqueciéndose generando de forma centralizada, contaminando y envenenando radiactivamente la biosfera a base de utilizar combustibles fósiles y nucleares y manteniendo su negocio a base de vender cuanta más energía mejor, a usuarios finales para que la usen de la forma más ineficiente (derrochadora) posible.
La visión de Insul, que dominó a lo largo del siglo XX, se ha quedado hoy completamente obsoleta, pues los desarrollos tecnológicos que se han generado desde los años 70, cuando se manifestaron las primeras crisis de combustibles fósiles, permiten hoy crear un sistema energético moderno, eficiente, renovable y limpio, con redes de energía distribuidas, donde cada usuario final de la energía (usándola de la forma más eficiente posible) se haya convertido en generador a partir de la captación de las fuentes de energía renovables que se manifiestan en el lugar donde se vive o se trabaja.
Mientras los oligopolios continúen defendiendo, e imponiendo a la sociedad, el uso de combustibles fósiles y nucleares e impidiendo la transición energética necesaria hacia la eficiencia y las renovables, no nos callaremos. Y con toda la razón del mundo. O ¿no tenemos derecho a crear un mundo libre de la tiranía de los combustibles fósiles y nucleares para nuestros descendientes?
