Según informa Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha admitido en un auto, dictado este viernes con el informe favorable de la Fiscalía, la querella que atribuye delitos de administración desleal a Benjumea y Sánchez Ortega y considera a este último culpable de otro de uso de información privilegiada.
La magistrada ha requerido a la compañía andaluza que envíe la información relativa a los pagos de 11,48 millones efectuados a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega, a quienes ha apercibido de que si no entregan fianzas por sendos importes, procederá a la "adopción de medidas cautelares sobre sus bienes".
Lamela ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le envíe información sobre tales pagos y sobre las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo Blackrock, por el que fichó el ex consejero delegado.
Además, la jueza ha reclamado a la auditora Deloitte una copia de su último informe sobre las cuentas y resultados de Abengoa y ha dirigido un oficio al juzgado de lo Mercantil número 2 para que remita una de la solicitud de preconcurso de acreedores presentada por la multinacional.
En su auto, la magistrada justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en que han podido tener una "grave repercusión" en la economía nacional teniendo en cuenta las cantidades que se imputan a los querellados como "cobradas indebidamente", así como el "perjuicio patrimonial" ocasionado a una generalidad de personas en el territorio nacional.
Lamela ha dado un plazo de tres días a los querellantes, que adquirieron bonos por 103.970 euros, para que respondan si debe declarar compleja la causa. Su abogado, Felipe Izquierdo, denunció la "horrible" gestión de quienes fueran los máximos gestores de Abengoa y las indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias que percibieron pese a conocer la "auténtica realidad económico financiera de la empresa".
Segunda querella
Por otra parte, la magistrada ha acordado tramitar en un procedimiento diferente la segunda querella que fue presentada por varios bonistas y accionistas, representados por el despacho Yvancos Abogados, por delitos societarios y falsedad documental contra consejeros de Abengoa y de Deloitte.
La juez, que no ha decidido aun sobre su admisión a trámite, explica que se trata de hechos diferentes con distinta calificación jurídica. Estos titulares de bonos y acciones invirtieron un total de 299.911 euros y denunciaron el maquillaje contable de Abengoa.
La compañía andaluza solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de noviembre.