En un escrito enviado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la Fiscalia mantiene que la gestión de Benjumea y Sánchez Ortega podría constituir un delito de administración desleal, al que habría que añadir el de uso de información privilegiada por parte de Sánchez Ortega. El Ministerio Público pide por ello que la querella se admita a trámite y se abra una investigación penal contra ambos en la Audiencia Nacional. Además, les impone una fianza a cada uno equivalente a la cantidad cobrada como consecuencia de las indemnizaciones o cláusulas de sus contratos.
El fiscal reclama, también que el juzgado de lo Mercantil número 2 remita copia de la solicitud de preconcurso y que la empresa auditora Deloitte envíe el último informe que realizó sobre Abengoa.
Felipe Benjumea se llevó en concepto de indemnización 11.480.000 euros, poco antes de que Abengoa solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores. Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió una "contraprestación post-contractual" de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de "bonus variable" que percibirá "a cuenta de 2015 hasta su salida".
Los querellantes argumentan, además, que el ex consejero delegado se benefició de información privilegiada al ser contratado por el fondo de inversión Blackrock, uno de los más grandes del mundo, desde el que habría adquirido a la baja acciones de Abengoa, conociendo que se la compañía se iba a venir abajo.
La Fiscalía indica que la querella debe llevarla la Audiencia Nacional porque el supuesto fraude produciría una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, hay multitud de accionistas o bonistas perjudicados, y la cuantía de la supuesta defraudación repercutiría a la economía nacional, al tratarse de una empresa con más de 6.000 trabajadores contratados en España, que cotiza en Bolsa y registra una deuda de en torno a los 20.000 millones de euros.
