Que la energía nuclear es una ruina económica es evidente a todas luces. Por eso, no hay promotor que apueste por construir una planta nuclear en España, aunque la instalación de una central en nuestro país es perfectamente posible desde hace veinte años, cuando se aprobara la penúltima Ley del Sector Eléctrico, la que lo liberalizó. Desde entonces -desde esa liberalización-, al sur de Pirineos han crecido por doquier los aerogeneradores (22.988 megavatios instalados), se multiplicaron las centrales térmicas que queman gas natural para generar electricidad (más de 25.000 megavatios) y creció el sector solar (hasta que fue estrangulado con tasas, impuestos y amenazas) hasta los más de 7.000 megas (2.300 megavatios termosolares y más de 4.000 fotovoltaicos).
¿Y de centrales nucleares?
Ni una. ¿Los motivos del apagón nuclear? Varios. Uno: la inversión (creciente, dadas las cada vez más exigentes normas de seguridad); dos: la oposición social (creciente asimismo, dada la sensibilidad cada vez mayor sobre el particular); y tres: la competencia (creciente también, dada la continua reducción de costes de las tecnologías renovables, que además tienen mejor prensa, pues son más limpias) han terminado por obturar la salida nuclear, que llegó a venderse -canto del cisne- como solución al cambio climático. A pesar de todo, desde la derecha más rancia del arco parlamentario nacional, el discurso sigue siendo el mismo: la energía nuclear es la más barata, que esa es la única salida del atolladero atómico, pues evidentemente nadie puede vender a estas alturas su seguridad (el paradigma japonés saltó en mil pedazos en la Fukushima de 2011).
Barata
Así las cosas, el Partido Popular ha optado por esa vía. Y lo ha hecho con un discurso absolutamente explícito: "mantendremos las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad". Aunque ya está más que claro también que lo que reduce el coste de la electricidad es la creciente aportación de kilovatios renovables a la red. Sea como fuere, el caso es que esta semana, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo ha revelado que "el coste previsto para la clausura de reactores nucleares soviéticos de primera generación situados en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia podría ser al menos de 5.700 millones de euros, y puede incluso duplicarse si se incluye el coste de la eliminación definitiva de los residuos de alta actividad". De momento, lo que el informe confirma es que se ha producido "un aumento del 40% en los gastos, que pasaron de 4.100 millones de euros en 2010 a los mencionados 5.700 millones de euros en 2015".
Los autores del informe afirman que la cofinanciación de los Estados miembros en el marco de los programas de la Unión Europea (UE) "sigue siendo muy limitada". El déficit entre los costes de clausura y la financiación en Lituania ha aumentado 1.560 millones de euros (M€) desde su última auditoría en 2011, según los auditores de la UE, que calculan que los déficits de financiación en Bulgaria y Eslovaquia representan 28 y 92 M€ respectivamente. Los programas de financiación de la UE destinados específicamente a la clausura nuclear -explica el informe- "no han creado los incentivos adecuados para que la clausura se lleve a cabo dentro del plazo previsto". Según Phil Wynn Owen, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado del informe, resulta preocupante que "los proyectos de clausura clave hayan sufrido retrasos, que persistan los déficits de financiación, y que los avances en la eliminación definitiva de los residuos de alta actividad sean insuficientes".
Lo fácil ya está hecho; lo difícil...
Los auditores -informa la Comisión Europea- examinaron los avances realizados desde 2011 en los programas europeos de ayuda a la clausura nuclear. Pues bien, según su informe, "el desmantelamiento de los componentes clave en las zonas de menor radiación, como por ejemplo la sala de turbinas, ha avanzado de forma satisfactoria en las plantas de Ignalina (Lituania), Kozloduy (Bulgaria) y Bohunice (Eslovaquia)". Sin embargo -destacan los auditores-, "aún están por llegar desafíos cruciales en las zonas con mayor radiación, como en los edificios de los reactores". Los tres Estados miembros -todos los cuales alegan que las centrales han sido cerradas de manera irreversible- han instalado infraestructuras clave temporales para la gestión de los residuos in situ, "pero casi todos los proyectos clave de infraestructuras en los tres sufrieron retrasos". Los mayores retrasos -denuncia el informe- tuvieron lugar en Lituania, donde, desde 2011, la fecha para concluir la clausura se ha pospuesto nueve años más hasta 2038.
Transparencia
Otra de las críticas que contiene el informe realizado por los auditores del Tribunal de Cuentas se refiere a la transparencia. "Los costes futuros relativos a la clausura nuclear y a la eliminación definitiva del combustible nuclear gastado -explican los autores- no siempre están reconocidos como provisiones o incluidos en las memorias contables, lo que reduce la transparencia y obstaculiza la capacidad de las autoridades competentes para planificar adecuadamente cómo se sufragarán los costes futuros de la clausura y la eliminación". Así las cosas, los auditores formulan una serie de recomendaciones a la Comisión Europea y a los Estados miembros. La Comisión Europea destaca las siguientes.
• buscar la forma de conseguir que aumente la cofinanciación nacional durante el período de financiación 2014-2020 (es decir, buscar más dinero);
• los programas específicos de financiación destinados a la clausura nuclear en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia se deberían suspender después de 2020. Si se determina que existe una clara necesidad de usar fondos de la UE después de 2020 en uno o más de estos Estados miembros, toda propuesta de financiación de la UE presentada por la Comisión y aprobada por el legislador debería incluir los incentivos apropiados para lograr la clausura, inclusive mediante la limitación temporal y la condición de que los Estados miembros aporten un nivel adecuado de cofinanciación. Una forma de hacerlo sería examinar la opción de ampliar el acceso a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (más dinero, pues) para permitir que se cubran las actividades relacionadas con la clausura nuclear cumpliendo estas condiciones;
• que los programas europeos de ayuda a la clausura nuclear financien únicamente el coste del personal que trabaje exclusivamente en actividades relacionadas con la clausura;
• colaborar con los Estados miembros para que los costes futuros ligados a la clausura nuclear y el almacenamiento definitivo del combustible gastado se contabilicen debidamente y de forma transparente;
• estudiar junto a los Estados miembros las opciones disponibles para la eliminación definitiva del combustible gastado y los residuos de actividad alta, incluida toda solución regional y a escala de la UE;
La Comisión Europea repasa las "Recomendaciones clave a los Estados miembros" contenidas en el informe
• seguir mejorando la gestión de proyectos a fin de disponer de las infraestructuras necesarias para la gestión de los residuos y el combustible gastado en la fecha prevista, y aumentar su propia capacidad técnica con el objetivo de lograr un mejor equilibrio entre las competencias especializadas externas e internas;
• mejorar el intercambio de buenas prácticas y conocimientos técnicos, tanto entre ellos como con el conjunto de la comunidad para la clausura nuclear dentro y fuera de la UE;
• establecer unas previsiones de los costes y unos planes de financiación más completos para el almacenamiento del combustible gastado y los residuos radiactivos;
• reconocer su propio papel a la hora de garantizar el respeto del principio de «quien contamina paga» y estar preparados para usar fondos nacionales (más dinero) para cubrir los gastos de clausura y el coste de la eliminación definitiva, tanto en el período de financiación actual como en los posteriores.
Contexto
Cuando Lituania, Bulgaria y Eslovaquia eran países candidatos para adherirse a la Unión Europea, se estableció como condición para su adhesión el cierre y la posterior clausura de ocho reactores nucleares soviéticos de primera generación situados en tres centrales nucleares: Ignalina (Lituania), Kozloduy (Bulgaria) y Bohunice (Eslovaquia). El cierre y la posterior clausura de estos reactores nucleares antes del final de su vida de diseño representaban una carga financiera y económica significativa. Por tanto, la UE acordó proporcionarles ayuda financiera a partir de 1999. En 2020 la ayuda de la UE habrá sumado un total de 2.955 millones de euros para la clausura nuclear, de los que Lituania habrá recibido la mayor parte (1.533 millones de euros), seguida de Bulgaria (731 millones de euros) y, en último lugar, Eslovaquia (671 millones de euros).
Asimismo, en el período comprendido hasta 2013 se dispuso de 890 millones de euros para los proyectos destinados a mitigar algunos de los efectos de la pérdida de capacidad nacional de producción de energía debida al cierre temprano. Los auditores visitaron las tres centrales y se entrevistaron con las autoridades principales de los Estados miembros. También realizaron una visita a la Comisión Europea, al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y a las obras de construcción del primer depósito geológico profundo del mundo para combustible nuclear gastado en Finlandia. "La presente auditoría -informa la Comisión Europea- no ha tenido en ningún momento como objetivo evaluar la protección frente a la radiactividad ni la seguridad de las instalaciones, ni presentar argumentos a favor o en contra de la energía nuclear, o extraer conclusiones sobre la combinación de abastecimiento energético de la UE".
En España operan a día de hoy siete reactores nucleares (más de 7.000 megavatios de potencia en marcha, es decir, más potencia que la que suman los reactores búlgaros, lituanos y eslovacos a los que se refiere el informe del Tribunal de Cuentas). Además, hay dos centrales nucleares en fase de desmantelamiento (Vandellós I y José Cabrera) y una tercera, parada desde hace más de tres años (Garoña).
El Informe Especial n.º 22/2016 «Programas europeos de ayuda a la clausura nuclear en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia: se han logrado algunos avances desde 2011, pero el futuro plantea desafíos cruciales» está disponible en 23 lenguas de la UE.
