Esta declaración, realizada a pocos días de que se conozca el texto final de la reforma del sector eléctrico español, debe de ser tenida en consideración por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, señala la asociación solar Anpier. “La Unión Europea está muy pendiente del resultado final de esta trascendental reforma, que determinará, más allá de la contención del déficit de tarifa, el futuro modelo energético español y con él, cuál será el devenir económico, el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental del Estado español”, inidca la asociación
El Comisario europeo de Energía, Günter Oettinger, también comprometió su apoyo con los fotovoltaicos españoles, y, de acuerdo con Anpier, mantiene una línea de trabajo con esta asociación, que le remitió información detallada sobre las normas retroactivas y los impactos económicos derivados de ellas, “para actuar en auxilio de los productores fotovoltaicos españoles”.
Anpier dio a conocer recientemente que acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, “para defender a las 55.000 familias españolas que utilizaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para invertir en la producción de energía solar fotovoltaica, al amparo de un BOE publicado por el Estado en mayo de 2007 (BOE 126, 26 de marzo de 2007), y a los que se les está sometiendo por parte de la Administración a sucesivas quitas”. De acuerdo con la asociación, estas quitas, “alcanzan ya hasta el 40% de los retornos garantizados, y les obligará a entregar a las entidades bancarias financiadoras de los proyectos tanto las plantas como los bienes utilizados para avalar dichas inversiones, un montante valorado en 18.000 millones de euros”.
