Los hechos denunciados por la Alianza Mar Blava son la actuación, contraria a la normativa de la Unión Europea, del Gobierno de España en la gestión de las autorizaciones de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la parte española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental.
Para la Alianza Mar Blava, "el Gobierno español ha ignorado de forma deliberada el ejercicio formal de la planificación y programación de hidrocarburos y con ello su evaluación ambiental estratégica de los efectos sobre el medio ambiente".
Aunque la petrolera Cairn Energy decidió recientemente abandonar su programa de prospecciones petrolíferas en el golfo de Valencia [motivo por el cual el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA) emitió el pasado 26 de junio una resolución de archivo definitivo del proyecto], el Gobierno español sigue tramitando por separado una serie de proyectos de prospecciones petrolíferas en el área balear-levantino-catalán que, en opinión de la Alianza, amenazan gravemente el medio ambiente y la economía de las Islas Baleares.
Los proyectos consisten en campañas sísmicas y otros sondeos, tanto en áreas libres dell Mediterráneo noroccidental-mar balear como del golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares, y frente a las costas de Tarragona. Este conjunto de actuaciones de exploración de hidrocarburos que han sido o están siendo objeto de autorizaciones por el Gobierno de España de forma simultánea o sucesiva en la parte española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental, es lo que la Alianza Mar Blava ha denominado como “Programa de Exploraciones Acumuladas” en su queja a la Comisión Europea.
De acuerdo con la Alianza Mar Blava, el Ejecutivo ha incumplido e incumple varias normas comunitarias relativas a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, sobre los procesos de evaluación ambiental y la obligación de consulta ciudadana y participación del público y acceso a la justicia. En su escrito de queja, la Alianza Mar Blava solicita a la Comisión Europea que se inicie un procedimiento de investigación y, tras la tramitación oportuna, se requiera al Gobierno español a realizar una correcta evaluación de impacto de dichas actuaciones.
La CE ha informado a la Alianza que la denuncia será examinada por los servicios de la Comisión y que será informada directamente de los resultados de dicho examen y, en su caso, del desarrollo del procedimiento de infracción.
