El objetivo del gobierno japonés es elevar en diez años la potencia renovable por encima de los 30.000 MW y está dispuesto a pagar la producción limpia. Para la energía solar fotovoltaica ha ordenado una tarifa de 42 yenes el kWh (40 yenes sin impuestos), unos 0,42 euros, para las instalaciones con una potencia mayor de 10 kW por un periodo de 20 años. En el caso de la eólica serán 23,1 yenes el kWh (22 sin impuestos), unos 0,23 euros, para potencias superiores a los 20 kW durante 20 años; y para la geotermia 27,3 yenes el kWh (26 sin impuestos), unos 0,27 euros, para instalaciones a partir de 15.000 kW durante 15 años.
El desarrollo renovable legislado por el gobierno japonés supondrá un recargo en el recibo de la luz que pagan las familias que oscila entre los 75 yenes de Hokkaido y los 111 Kyushu, unos 87 yenes (no llega a 1 euro) mensuales para una familia que pague un recibo medio de 7.000 yenes. Es decir, una subida del 1,2% a cada familia.
El gobierno japonés ha utilizado los 54 reactores nucleares instalados en su territorio como un elemento esencial para la generación de electricidad. Con un potencia atómica de casi 49.000 MW garantizaba aproximadamente un tercio del suministro eléctrico. Las cosas cambiaron con el accidente de Fukushima. Todas las centrales pararon para ser sometidas a controles de seguridad y, a día de hoy, se ha ordenado la puesta en funcionamiento de tan solo 2 reactores.
En el tiempo posterior a Fukushima, el gobierno japonés ha aprovechado para buscar opciones renovables. Se supone un cambio de actitud, presionado por una opinión pública que ha mostrado con determinación su rechazo a lo nuclear y las consecuencias aún sin calcular del desastre atómico.
En esta línea es significativo el seminario sobre energías renovables que el pasado mes de mayo se celebró en Tokio organizado por la Embajada de España en Japón. En él participaron 500 personas relacionadas directamente con el mundo de la energía, según la información difundida en España por el Palacio de la Moncloa.
