Dos documentos y un destino: el voto minero de Izquierda Unida. El pasado fin de semana, y en el marco de la XI Asamblea Federal de Izquierda Unida, el partido de Garzón aprueba una «resolución de apoyo a las cuencas mineras» en la que apuesta explícitamente por la "nacionalización de las minas de carbón de titularidad privada". Dos días después, el mismo grupo político decide no firmar el «Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras». Este acuerdo, impulsado por el lobby carbonero (Carbunión, Comisiones Obreras y UGT) no habla de nacionalización. Lo que propone es, grosso modo, mantener el statu quo actual, basado en ayudas, incentivos y rebajas fiscales varias. Entre las medidas que propone el Acuerdo del lobby, destacan dos: una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón para el carbón autóctono y un "incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2". IU, que puertas adentro prefiere el modelo nacionalización (véase «resolución de apoyo a las cuencas mineras»), no ha firmado este último documento quizá por el acuerdo electoral que ha suscrito con Podemos y Equo, que han apostado tradicionalmente con contundencia por la descarbonización de la economía. El «Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras» presentado esta semana ha sido suscrito por el PSOE, Ciudadanos y los gobiernos de Aragón, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
PSOE
El pasado 20 de abril, el PSOE presentó en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso una Proposición no de Ley (PNL) en la que pedía una bonificación para el carbón nacional. La PNL fue aprobada con los votos de PSOE, PP y Podemos (este últiom grupo, muy criticado desde Equo). Esquerra Republicana de Cataluña, Democraci i Llibertat y En Comú Podem votaron en contra. Greenpeace, la Fundación Renovables y el Instituto Internacional de Medio Ambiente (Iidma) elaboraron entonces un documento de análisis de la PNL presentada por el PSOE en el que sostienen que la medida aprobada "sería probablemente ilegal".
Según esas tres organizaciones, "al tratarse de una ayuda de Estado y no estar dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 561/2014, antes de su aprobación y puesta en marcha, debería ser obligatoriamente notificada previamente a la Comisión Europea (CE) y además de tener que ser notificada y aprobada con anterioridad por la CE, cabría la posibilidad de que se considerase incompatible con la Decisión 2010/787/UE de 10 de diciembre de 2010 relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas".
El Consejo de la Unión Europea -se dice en esa Decisión- considera que "la pequeña contribución del carbón subvencionado a la combinación energética global ya no justifica el mantenimiento de estas subvenciones con el fin de garantizar el suministro de energía en la Unión". Y añade que: "para minimizar el falseamiento de la competencia en el mercado interior derivado de las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas, tales ayudas deben ser decrecientes y limitarse estrictamente a las unidades de producción de carbón cuyo cierre está planificado irrevocablemente".
Los números
La FR, el instituto Iidma y las cinco grandes organizaciones ecologistas españolas -Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción- difundieron el pasado 27 de abril un comunicado -El carbón no tiene cabida en un modelo energético sostenible- en el que explicaban que "las subvenciones al carbón deben respetar la normativa en materia de ayudas de Estado de la UE", y citaban, entre ellas, la Decisión 2010/787/UE "y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020". Según los firmantes de ese comunicado, Bruselas reclama el fin de las ayudas al carbón a partir de 2018, "entre otras cosas, por tratarse del combustible fósil que más emisiones de CO2 provoca".
Las siete organizaciones no gubernamentales denunciaban en ese comunicado que los subsidios al carbón "ya han costado a los ciudadanos en España más de 32.000 millones de euros (M€), destinados a perpetuar y apoyar el uso de este combustible". Sólo las empresas mineras relacionadas con la extracción de carbón -apuntaban los firmantes- han recibido ayudas por valor de 22.000 M€ desde el año 1992, es decir, a razón de casi 1.000 M€ al año. Las siete oenegés recuerdan por otro lado que, "en el marco de la Unión Europea seis países ya han cerrado todas sus térmicas de carbón y otros como Reino Unido, Alemania o Portugal ya han puesto fecha de cierre para todas sus centrales térmicas de carbón".
