Izquierda Unida, por boca de Cayo Lara, su máximo dirigente, pidió ayer en rueda de prensa la nacionalización de las eléctricas. La tercera fuerza política del país critica "la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas, la falta de control y la generosidad en los criterios de fijación de tarifas", que han dado como resultado que "las principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros" (en los nueve primeros meses de 2013). Izquierda Unida también critica el hecho de que, "a pesar de la liberalización teórica", al menos el 50% del valor de la factura es establecido vía decretos por el gobierno. Así las cosas, IU apuesta por la nacionalización de las eléctricas y, en ese sentido, por una reforma "profunda" del sistema que, entre otras cosas, y por ejemplo, elimine de la factura que paga la ciudadanía "aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios, como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad".
Déficit ilegítimo
El partido de Cayo Lara aborda también en un documento interno la cuestión del déficit tarifario, que considera "ilegítimo, por cuanto no es nada evidente que su origen -la famosa diferencia entre coste real y el calculado- se haya valorado de forma correcta". IU explica sobre el particular que "esa cifra [30.000 millones de déficit de tarifa que reconoce el gobierno] se ha alcanzado a partir de los datos facilitados por las propias compañías, que han sido dados por buenos por los sucesivos gobiernos del estado" y que no han sido auditados por el Ejecutivo. En ese sentido, el partido de Cayo Lara aboga por "una auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario", que IU considera un asunto "de naturaleza regulatoria y no económica".
Medidas estructurales
Por todo ello, Izquierda Unida considera "necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico". Con respecto a las reformas emprendidas por el Ejecutivo Rajoy a lo largo de los últimos meses, el tercer partido más votado del país considera que "los múltiples cambios regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit y, antes al contrario, han agravado el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética". Por eso, IU propone en un documento interno al que ha tenido acceso ER una reforma "que favorezca la implantación progresiva de las energías renovables" y garantice -en lo que parece un guiño a la minería del carbón- "la reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona".
Autoconsumo
Por fin, también se hace necesario -explica IU en su documento- "favorecer el autoconsumo de energía con balance neto, que, además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del kilovatio hora, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector". Por todo ello, con el fin de "evitar el drama de la pobreza energética" y asimismo con el objetivo de "evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro eléctrico", IU ha anunciado que presentará en el Congreso para su debate una Proposición No de Ley cuyas líneas maestras recogemos a continuación.
1. Acordar la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial.
2. Adoptar las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía eléctrica y nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos.
3. Presentar, en el plazo de 15 días, un Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.
