Cambiar el modelo energético es una propuesta asumida cada vez más por la sociedad, pero cómo concretar ese cambio es algo más difícil de explicar. Sin embargo, de la misma manera que todo está en los libros, se puede afirmar que todo está ya escrito en las directivas europeas. Los gobiernos de los diez últimos años no se han destacado por su empeño en cumplir esas directivas, pero si se hiciera un balance de lo que puede representar su aplicación, se demostraría que cumplir las normas europeas en energía supondría un beneficio económico, ambiental y social de tal magnitud que debería constituir una de las políticas prioritarias para salir de la crisis. Para cambiar el modelo energético se debería empezar por corregir los siguientes incumplimientos europeos:
• Directiva 2009/28/CE de renovables cuyo plazo de transposición terminó en diciembre de 2010 y que el actual Gobierno ha declarado ya realizada en su totalidad a través de la Ley de Economía Sostenible de 2011 y el RDL 13/2012, pero en esas normas sólo se ha legislado sobre principios y no su desarrollo reglamentario; por ejemplo, nada se sabe de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables ni del marco para desarrollar los mecanismos flexibles. El objetivo de la Directiva era eliminar las barreras regulatorias administrativas, técnicas y económicas que impiden el desarrollo de las renovables. Toda la legislación reciente incumple la Directiva y como hechos más lamentables, el RDL 6/2009, el RDL 14/2010, el RDL 1/2012, Ley 15/2012 y el RDL 2/2013.
• Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios. Su transposición termina en 2013 y todavía no se ha hecho la de la anterior Directiva de 2002 al estar pendiente la aprobación del RD de certificación energética de edificios existentes desde 2011, en cumplimiento de sentencia del tribunal europeo de Luxemburgo que condenó a España en 2011 por el retraso de diez años en su transposición. Todavía no es obligatoria la calificación energética para comprar, vender o alquilar un edificio ni la rehabilitación energética.
• Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética aprobada en octubre de 2012 y en vigor desde hace tres meses. Su aprobación contó con el voto en contra del Gobierno español que considera que vamos seis años por delante en el cumplimiento de los objetivos europeos en ahorro de energía, con lo que anuncia su voluntad de no cumplirla hasta 2016, expresando en su voto que su cumplimiento ahora sería desproporcionado por el esfuerzo ya realizado y supondría una penalización a la economía.
• RDL 13/2012 de marzo de 2012 a través del cual el Gobierno ha eliminado todos los apoyos públicos que se destinaban a eficiencia energética y a las empresas de servicios energéticos, de acuerdo con los recursos ante el Tribunal Supremo interpuestos y ganados por las empresas eléctricas contra la aplicación de un porcentaje de la tarifa eléctrica a eficiencia energética. Con fecha 31 de enero de 2013 el Ministerio de Industria ha publicado cuatro resoluciones por las que se eliminan todas las convocatorias para estas ayudas. Ya no existen recursos públicos para planes de gestión de la demanda ni para las políticas de ahorro de energía.
• RD de autoconsumo y balance neto, que está pendiente de aprobación desde 21/11/2011. Las directivas de eficiencia energética de edificios y de eficiencia energética reconocen en los conceptos de edificios de consumo casi nulo de energía y de contadores inteligentes el autoconsumo con renovables y la contabilización del balance neto como instrumentos obligatorios para el desarrollo del modelo de generación distribuida.
• No se han tomado medidas, ni por los anteriores gobiernos ni por el actual, ante las reiteradas denuncias de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra la falta de competencia en el mercado eléctrico y petrolero. Esta falta de reacción se ha producido a pesar de las reiteradas comunicaciones de la Comisión Europea (Documento de Trabajo de la Comisión de 1 de junio de 2012 sobre el Plan Nacional de reformas 2012 del Gobierno de España y Comunicación de 15 de noviembre pasado) sobre este tema y sobre la distorsión del mercado que supone esta falta de competencia que se enmascara con ataques a las renovables. La Comisión ha denunciado concretamente los pagos por capacidad y con anterioridad la conformación de precios del pool que otorga beneficios extraordinarios a las centrales amortizadas, nucleares e hidráulicas.
• Proyecto del Gobierno de unificar los organismos reguladores (CNC, CNE, CMT,) en una sola Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con lo que desaparecerán los organismo reguladores “independientes” de le energía para dar al Ministro de Industria todo el poder regulador. No es eficaz ni favorece la competencia porque en la práctica supone la “captura del regulador”. También ha sido criticado por la Comisión en el Documento de Trabajo sobre el Plan Nacional de Reformas 2012.
• España no cumplirá los objetivos para 2020 de renovables, ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2 dada la práctica extinción de las políticas de apoyo a las renovables y la eficiencia energética. De esta manera se incumplirán los compromisos adquiridos en el Consejo Europeo de marzo de 2007 que estableció esos objetivos paras 2020. La consecuencia está siendo que la dependencia energética (4%PIB y 85% del déficit comercial) y el diferencial de intensidad energética (1% a 3% PIB) con respecto a la media UE siguen creciendo, empeorando nuestros ratios energéticos en perjuicio de la competitividad. En los últimos cuatro años las emisiones de CO2 han crecido un 28%. Los planes del anterior Gobierno, el PER 2011-2020 y el PAEE 2011-2020, también se están incumpliendo, lo que es decisivo al ser los únicos instrumentos de planificación vigentes para cumplir los objetivos y directivas de la UE.
• El CO2 ha desaparecido de la política española. Se regalaron derechos para que las empresas hicieran caja y ahora se compran en el exterior, pero no hay ningún signo de aplicar políticas de reducción de emisiones. En este sentido siguen vigentes los decretos de ayudas al carbón que obligan a que un 15% del consumo energético sea de carbón nacional, lo que ha provocado un aumento de más de un 24% de las emisiones del sector energético. En este sentido la Directiva de Emisiones Industriales se considera por las fuentes convencionales un riesgo de seguridad de suministro porque obligaría a cerrar las centrales más contaminantes de carbón y de gas y se está presionando para que esa directiva no se cumpla.
• No se cumplen los nuevos estándares de seguridad nuclear post-Fukushima en las centrales nucleares españolas, tal y como ha denunciado la propia Comisión Europea en 2012. Este hecho, en el caso de una posible prórroga de Garoña o del resto del parque nuclear, puede considerarse un fallo muy grave en la gestión de la seguridad nuclear.
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