En el informe “Cortinas de humo”, la organización ecologista asegura que el proceso se está realizando de una forma absolutamente oscura, porque la opción a la participación y el seguimiento ciudadano brilla por su ausencia. Greenpeace segura, además, en su blog que “en este proceso normativo, España lidera las garras del lobby energético”.
De las diferentes entidades que participan en la elaboración, revisión y propuesta de las nuevas normas, Greenpeace ha detectado el dominio de las empresas eléctricas, que cuentan con al menos 46 representantes dentro de las delegaciones gubernamentales, además de las 137 personas que ya participan representando a la industria de forma oficial. Así, señala que de las 12 personas que conforman la delegación española, ocho son de la industria. “Están presentes Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Elcogas y HC Energía, así como la patronal de las grandes eléctricas, Unesa”.
Amenaza para la salud y el medio ambiente
Greenpeace considera inadmisible que los límites de calidad del aire no se rijan por criterios ambientales y de salud. La organización ecologista recuerda que la quema del carbón y del petróleo son la causa principal de las emisiones de CO2 que producen el cambio climático y provocan la emisión de gases tóxicos y partículas en suspensión.
“Ello supone –afirma Greenpeace– una gran amenaza ambiental para la salud en Europa, pues aumenta el riesgo de muerte por enfermedades del corazón, respiratorias y cáncer de pulmón, además de acortar la esperanza de vida entre 6 y 12 meses en la mayoría de países europeos”.
La organización apoya esta afirmación en una investigación realizada por la Universidad de Stuttgart en 2013, en la que estimaba que las emisiones de las centrales térmicas de carbón en la UE fueron responsables de 22.300 muertes prematuras en 2010. Además, 200.000 bebés nacen cada año en la UE con niveles de mercurio en sangre que son responsables potenciales de causar daños en el desarrollo neurológico y mental.
Revisiones cada diez años
El proceso normativo para definir las nuevas normas que limitarán la contaminación del aire de las centrales térmicas de carbón de la UE solo sucede una vez cada diez años y supone una oportunidad importante para poner freno a las emisiones tóxicas.
En este sentido, Greenpeace alerta de que las limitaciones que la UE está a punto de acordar “corren el riesgo de ser extremadamente débiles y permitir a la mayoría de las centrales existentes contaminar varias veces más de lo que contaminarían adoptando la mejor tecnología disponible”. Las normas incluso resultarían “significativamente más débiles que las impuestas en otras partes del mundo, incluida China” y también serían menos exigentes que los planteados ahora por la UE.
De acuerdo con el estudio realizado por la organización ecologista, los niveles de referencia propuestos para las centrales térmicas de carbón les permitirían emitir un 30% más de dióxido de azufre y un 80% más de óxidos de nitrógeno que los niveles equivalentes chinos, y más que la media de todas las plantas que operan en Japón.
Además, las operadoras podrían construir nuevas plantas de carbón en la UE produciendo 5 veces el dióxido de azufre, 2,5 veces el de óxidos de nitrógeno, 2 veces las partículas y 5 veces el mercurio que lo que emiten actualmente las plantas con la tecnología más avanzada de las que operan en el mundo.
En España hay quince centrales térmicas de carbón en funcionamiento a las que afectará directamente esta nueva normativa, y cuyas operadoras están presentes en la delegación gubernamental.
Se espera que los estados miembros de la UE voten la propuesta antes de finales de este año, seguida de la adopción formal a principios de 2016. Las nuevas definiciones de las mejores técnicas disponibles y los límites de emisiones correspondientes a las instalaciones industriales deben actualizarse en los permisos ambientales en
