Sáenz de Santamaría ha avanzado al comienzo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que parte del contenido de las propuestas presentadas por el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha sido aprobado hoy, dentro del real decreto ley de mejora de la competitividad. “En esta norma hay algunos elementos tendentes a la eliminación del déficit de tarifa, pero en julio se aprobará una nueva ley para paliarlo”.
El propio Ejecutivo ha insistido en que la mayor parte del ajuste recaerá en la administración pública, con 3.729 millones de euros; los consumidores harán frente a 3.249 millones de euros y, posteriormente, las eléctricas de Unesa tendrán que cargar con 2.500 millones de euros, el régimen especial con 1.500 millones y 300 millones que se repartirán entre Red Eléctrica y las extrapeninsulares.
Nadie se ha mostrado satisfecho con las propuestas que se han conocido en los últimos días. Y no solo por los vaivenes bursátiles que están viviendo las eléctricas y la petrolera Repsol. Unesa ha repetido una y otra vez que ni las nucleares ni las hidroeléctricas pueden considerarse negocios amortizados. Y que las nuevas medidas pondrán en riesgo la rentabilidad de su actividad.
Algunos analistas como Citigroup han apuntado que las renovables sufrirán un fuerte varapalo, especialmente la eólica. En cambio consideran que el impacto sobre la termosolar será menor. Y todos piensan que en realidad la anunciada reforma energética se ha quedado en un mero ejercicio recaudatorio. Sin entrar a fondo en temas importantes como la metodología del cálculo de los costes de generación y de la fijación de las tarifas. Probablemente porque el Gobierno sólo tiene en la cabeza medidas que cree indispensables para resolver el déficit tarifario.
Por su parte, los petroleros dicen sí pero sólo si el céntimo verde a los hidrocarburos no se utiliza para financiar las renovables. El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Josu Jon Imaz, ha dicho que tienen “la obligación como sector de ser solidarios con la intención del Gobierno de equilibrar las cuentas públicas. No tenemos nada que objetar. Pero si se trata de trasladar recursos a otros sectores por su falta de competitividad y hacer que la economía productiva pague inversiones financieras, no nos gusta”, advirtió en referencia a una posible financiación de las primas a las renovables.
