La situación de los empleados de Gadir Solar ya no es mala, sino peor. De los 208 empleados en plantilla 196 se van a la calle el próximo 30 de abril, y unos días antes de que eso suceda, el 13 de abril, la empresa les envía una carta de despido en la que les comunica que no tiene dinero para pagar las cantidades a las que está obligado por ley.
En la misiva, Gadir Solar dice textualmente “como Ud. Conoce, el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores exige la puesta a disposición del trabajador de una indemnización de 20 días de salario por un año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades (en su caso, X euros). No obstante, habida cuenta de los antecedentes expuestos y de la falsa absoluta de liquidez, Gadir se encuentra ante la imposibilidad manifiesta de hacer frente a este crédito en este momento”. De la misma manera, Gadir Solar reconoce la obligación de pagar liquidación, saldo y finiquito, e igualmente indica que no puede hacer frente a ese pago salvo que “haya cobrado la devolución del IVA”. Se refiere a una devolución del IVA por parte de la Agencia Tributaria y asegura que “en el momento en el que disponga de la misma, procederá a abonarle en su cuenta las mencionadas cantidades”.
Se da la circunstancia de que la gran mayoría de los trabajadores llevan empleados en Gadir dos o tres años tan solo, por lo que lo que la indemnización que les corresponde ronda los 3.000 euros.
Trabajadores indignados
Los trabajadores de Gadir Solar han vuelto a manifestar su indignación con la empresa. “Solo han venido a llevarse las subvenciones y nos han llevado a la ruina” son dos de las expresiones más escuchadas. En conversación con Energías Renovables un representante sindical se preguntaba a “dónde han ido a parar los 26 millones de euros en subvenciones concedidos por la Junta de Andalucía”. Ni siquiera han servido “para pagar los despidos”. El gobierno andaluz anunció antes de las últimas elecciones autonómicas que reclamaría a Gadir Solar la devolución de las ayudas facilitadas a la empresa para el fomento del empleo.
Los trabajadores creen que si no cambian mucho las cosas su única salida es el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que tiene “atribuido el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso”.
El comité de empresa ha anunciado la interposición de demandas judiciales contra el ERE extintivo. Los despidos serán efectivos el 30 de abril de 2012 cuando en esa fecha no ha vencido un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), previsto hasta el 9 de mayo. La situación, explican los representantes de los trabajadores, es que el verano pasado se negoció un ERTE y sin dar tiempo a que éste concluyera la empresa presentó un ERE con 196 despidos aprovechando al reforma laboral del gobierno Rajoy.
Con la legislación anterior el ERE tendría que haber sido autorizado por los órganos competentes de trabajo de la Junta de Andalucía, después de la reforma laboral no se requiere autorización. De esta manera, donde el sentido común sugiere que no se hubiera permitido el ERE, al menos hasta que venciera el ERTE, ahora sí es posible.
Crisis y recortes
En la carta enviada a los trabajadores, Gadir Solar explica que para “entender el momento crítico” en el que se encuentra la empresa hay que tener en cuenta la “grave crisis económica y financiera” a nivel mundial, “la situación de recesión económica nacional” y la “práctica desaparición del mercado fotovoltaico español”.
Así mismo, destaca “los importantes recortes aplicados a la industria fotovoltaica nacional como consecuencia de las últimas normas aplicadas”. Se refiere en concreto a la reducción de las tarifas fotovoltaicas (RD 1565/2010), a las medidas para la corrección del déficit tarifario que limitaron las horas con derecho al cobro de la prima (RD Ley 14/2010), y a la moratoria renovable (RD Ley 1/2012).
Por último, Gadir Solar también destaca la influencia en lo ocurrido de la “competencia desleal de los fabricantes chinos” y la “imprevista evolución de la demanda” que ha bajado el precio de los paneles fotovoltaicos por debajo de los costes de producción de la empresa, y “los cambios regulatorios en Francia y en Italia” que han impedido la firma de acuerdos de suministro.
