Anpier lleva meses denunciando que la reforma energética ha desmantelado al sector fotovoltaico español y que las 62.000 familias que fueron animadas por el Estado a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica son ahora pasto de especuladores, que pretenden quedarse con estas instalaciones a precio de saldo.
Anpier asegura que al cambiar drásticamente la estructura de la amortización, el 100% de las familias productoras ha tenido que refinanciar o soportar los pagos mensuales con recursos propios. Esto ha supuesto aportar garantías adicionales a los bancos, aceptando, además, tipos de interés más alto a cambio de extender los periodos de amortización, de tal manera que hiciera posible soportar los pagos mensuales.
De acuerdo con la asociación, el 15% de los productores tienen mensualidades pendientes con las entidades bancarias que les aportaron la financiación, y el 79% debieron aportar garantías personales frente a la banca; sus propios hogares en la gran mayoría de los casos. El 23% de los productores que financiaron, soporta, además un derivado financiero que les impide lograr algún alivio con la caída del Euribor durante los últimos años.
“Cuando miles de españoles honestos son traicionados por su propio Estado (..) está en cuestión la vigencia del propio Estado de Derecho”, afirma el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, advirtiendo que la asociación “no cesará en la defensa de los legítimos derechos" de este colectivo.
Anpier concentrará sus acciones en los próximos meses con asambleas y campañas de movilización en todas las comunidades autónomas y reclamaciones judiciales. Asimismo, fomentará el activismo entre su amplia masa social y lanzará campañas de comunicación que expliquen a la sociedad la situación que soportan y el marco que explica este atropello, “destapando todas las irregularidades del gravoso sistema energético impuesto por el Gobierno a sus ciudadanos”.
