La facilidad con la que los políticos que por sus responsabilidades han estado implicados, directa o indirectamente, en la regulación de empresas para las que luego acaban trabajando, es pasmosa. Y en el sector de la energía lo es mucho más. Ayer se confirmó (lo adelantó La Vanguardia) un desembarco en toda regla del Partido Popular en Enagás, la operadora de la red gasista española. Es decir, lo que Red Eléctrica es al sistema eléctrico.
Los cinco consejeros ligados al PP son la exministra Isabel Tocino, doctora en Derecho Nuclear; la también exministra Ana Palacio, vicepresidente del grupo francés Areva, con muchos intereses en el sector energético y muy especialmente en el nuclear, y miembro del consejo de administración de EDP España; Antonio Hernández Mancha, candidato a presidente del Gobierno con Alianza Popular; el antiguo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Gonzalo Solana; y el hasta hace dos semanas secretario general de Industria, Luis Valero.
Una de las cosas que llaman la atención en este tipo de nombramientos es que todos los administradores entrantes –también los salientes– lo hacen en calidad de independientes. Según algunas fuentes, los fichajes se han producido tras un intenso debate con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular de un 5% del capital de Enagás, y tras un proceso de selección llevado a cabo por una firma de cazatalentos.
Al PP no debería extrañarle que todo el mundo hable hoy de puertas giratorias. Cuando el actual presidente de Enagás, Antonio Llardén, fue nombrado en 2007, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces responsable de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, hoy ministro de Agricultura y Medio Ambiente, dijo que el relevo en la presidencia de Enagás “consuma la operación de acoso y derribo” del Gobierno de Zapatero a “un gestor profesional” y “sin perfil político”, por alguien que “ha ocupado cargos de responsabilidad en gobiernos socialistas”, recoge El País.
Los nombramientos de los cinco nuevos consejeros tendrán que ser ratificados por la junta de accionistas de Enagás, que se celebrará en los próximos meses. La empresa anunció ayer que en 2013 incrementó su beneficio un 6,2% hasta los 403,2 millones de euros, mientras que el Ebitda se situó en 1.028 millones de euros, un 10% superior al obtenido el ejercicio anterior. Y prácticamente el doble de su objetivo inicial del 5,5%. Todo ello, a pesar de que la demanda de gas descendió el año pasado un 4% respecto a las cifras de 2012. En línea con lo que está pasando en los últimos años de crisis económica.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha dicho que considera “muy cualificados” a los cinco nuevos consejeros.
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