La semana pasada tuve el privilegio de formar parte de la “caravana” de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético a las instituciones europeas en Bruselas. Fuimos en total quince personas, algunas más conocidas, otras menos; representantes de la gran diversidad que es seña de identidad de la Plataforma: organizaciones medioambientales, trabajadores del sector, empresarios, abogados, políticos, investigadores, ciudadanos sin afiliación…
Nuestro planteamiento a la Comisión y al Parlamento europeos fue la denuncia de las trabas que se están poniendo en España para el desarrollo de un nuevo modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las renovables y que consideramos imprescindible para salir de la actual crisis.
Lo hicimos desde una triple óptica:
En relación a los incumplimientos en la transposición de directivas, les llamó notablemente la atención que se hayan incrementado las barreras regulatorias, administrativas, técnicas y económicas que impiden el desarrollo de las renovables –singularmente el autoconsumo– cuando el objetivo de la directiva era precisamente el contrario. Empezando por el RD-Ley 14/2010 y terminando por el RD-Ley 1/2012 la normativa española está, desafortunadamente, plagada de ejemplos a este respecto. Que la directiva de eficiencia energética de edificios de 2002 aún no haya sido transpuesta, a pesar de contar con una sanción del tribunal de Luxemburgo, merece mención especial.
Sorprendió, igualmente, la situación de indefensión a la que los sucesivos gobiernos han sometido a los que hemos apostado por las renovables en España, mediante el abuso del Real Decreto-Ley por la dificultad de recurrirlo, la inexistencia de actos administrativos recurribles hasta años después de producirse los daños efectivos o la negativa de los tribunales españoles a someter cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos –lo que supone un incumplimiento del tratado de la Unión–.
En relación a las firmas solicitando una auditoría eléctrica, destacamos el hecho de que el déficit de tarifa, al contar con el aval del Estado, acaba siendo déficit público. En analogía con la situación del sector bancario español, resulta por tanto esencial establecer el importe de la deuda mediante una auditoría transparente y objetiva. No cabe duda de que el hecho de contar con una movilización ciudadana a este respecto es fundamental para que las instituciones se tomen en serio el problema.
Por último, en relación con los problemas de competencia, pusimos de manifiesto numerosos defectos regulatorios que son aprovechados por las empresas eléctricas para obtener ingresos extraordinarios. Igualmente, denunciamos el proyecto de ley de unificación de los organismos reguladores por su pretensión de devolver competencias al Gobierno, cuando las directivas europeas imponen precisamente lo contrario: una mayor independencia y margen de actuación de los organismos reguladores.
En fin, no somos tan ilusos de pensar que las gestiones en Bruselas vayan a ser la panacea que resuelva todos nuestros problemas; pero dado que el Gobierno español está preocupado solo por el escaso funcionamiento de las centrales de gas, no tenemos más remedio que exponer en el extranjero la extrema situación por la que está pasando el sector de las renovables y la eficiencia energética.
Juntos podemos convencer a la sociedad de que un nuevo modelo energético no solo es posible, sino necesario. Es un camino largo en el que muchos –y muy diversos– estamos comprometidos. El viaje a Bruselas es solo una de las múltiples iniciativas que estamos llevando a cabo.
