Los recursos fueron interpuestos por las organizaciones citadas el 10 de diciembre ante la sala tercera del Tribunal Supremo y ésta los admitió el pasado 7 de enero, según informa Europa Press.
Las entidades firmante consideran que el RD aprobado por el Ejecutivo Rajoy, además de instaurar el impuesto al sol, hace todo lo posible para impedir el autoconsumo, discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las fósiles, vulnera el principio constitucional de libertad de empresa e incumple varias directivas europeas, tanto las relativas al uso de energías renovables y eficiencia energética como la del mercado interior de electricidad.
En la rueda de prensa que ofrecieron al presentar los recursos, Juan Castro-Gil, abogado y secretario de Anpier, destacó que el RD va en contra de la Ley de Edificación, ya que penaliza la generación con energía fotovoltaica en los edificios, así como de la Ley del Sector Eléctrico, que establece que los autoconsumidores pagarán por sus consumos eléctricos lo mismo que cualquier otro consumidor. Además, dijo que se trata de una norma anticonstitucional al ser “claramente arbitraria” y criminalizar con un peaje ”absolutamente abusivo” a la fotovoltaica frente al resto de tecnologías que no pagan dicho peaje.
En la misma línea, el también abogado Piet Holtrop indicó que se trata de una “invención aislada española” ya que a nivel europeo se fomenta el autoconsumo “por ser el futuro del sector energético y el cambio de paradigma”. Por su parte, Cote Romero, coordinadora de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, calificó el decreto de “insulto a la inteligencia y al sentido común”, y dijo que es una pieza más dentro de la "irresponsable" regulación energética llevada a cabo por el Gobierno del PP para favorecer a las grandes Eléctricas.
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