El impuesto se agrega a otras regulaciones discriminatorias, como el canon eólico o la exigencia de crear tres puestos de trabajo por megavatio instalado, y pone de manifiesto la voluntad del gobierno extremeño de "poner piedras en el camino del sector", según Rosa, puesto que pretende gravar, por vía de urgencia y con la finalidad de recaudar ingresos de manera inmediata, una actividad inexistente, ya que no existe ningún parque eólico en operación o construcción en la región aún. Es un "sinsentido", afirma Rosa.
El "impuesto eólico" está contemplado en el "Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia Tributaria, Financiera y de Juego" de la Comunidad Autónoma de Extremadura aprobado por el Consejo de Gobierno de Extremadura el pasado día 7 de junio. Dicho proyecto legislativo, tramitado por vía urgente, se debatirá con vistas a aprobarse definitivamente el día 21 de junio. El Clúster solicita a los grupos parlamentarios que supriman los artículos que hacen referencia al impuesto eólico.
PSOE e Izquierda Unida podrían tumbar el proyecto
Rosa cree que esta posición contará con suficiente apoyo por sentido común y porque el gobierno regional no cuenta con mayoría absoluta (en Extremadura gobierna el Partido Popular –32 diputados–, gracias al apoyo que prestó en el momento de la investidura Izquierda Unida –3 diputados–, mientras que el Partido Socialista tiene 30 diputados). En definitiva –considera Rosa–, y puesto que el impuesto eólico no puede aportar ningún ahorro ni ningún beneficio para las arcas públicas extremeñas, ¿que prisas puede haber por tramitarlo en cuestión de un par de semanas?, se pregunta.
Estas prisas por gravar una actividad no existente son síntoma del "trato discriminatorio que ha recibido la eólica en la región desde sus inicios", argumenta Rosa (Extremadura fue gobernada durante casi treinta años, y hasta el pasado mes de mayo de 2011, por el Partido Socialista). Según Rosa, el impuesto eólico es otra manifestación del gobierno regional de su voluntad de "poner más piedras en el camino" del sector, insiste. El primer plan eólico de Extremadura obligaba a los promotores a crear tres empleos por cada megavatio instalado. El segundo plan modificaba esta exigencia dando a los promotores la alternativa de optar por un canon de un 8% de la facturación, a recaudar por los ayuntamientos y otras comunidades del entorno de los parques eólicos.
La respuesta, el día 21 de junio
"Este trato discriminatorio no pasa con ningún otro sector en Extremadura", asegura Rosa; "no existe ninguna otra actividad que no se pueda desarrollar por principio", añade. Ahora, el impuesto eólico llega como el "colmo de los despropósitos", insiste, puesto que desanima un sector que ya se encuentra en stand by, pendiente de un nuevo marco regulatorio nacional. Además, "se trata de una contradicción de discurso", puntualiza Rosa.
Hace escasas semanas, el consejero de Medio Ambiente había reafirmado, en una conferencia organizada por Gas Natural Fenosa, "el compromiso continuado" del gobierno extremeño respecto al desarrollo de las energías renovables en la región. "No sé si él sabía entonces lo que su compañero de Hacienda del gobierno estaba preparando en contra del sector", dice Rosa. "Ha sido sorprendente. Nadie había comentado nada. Nadie había consultado nada, pero ahora está publicado en el proyecto de ley. Lo grave es lo que hay detrás de esto". El próximo día 21, se sabrá si la mayoría de la Asamblea extremeña piensa igual que el Clúster, o no.
