Durante 2011 y 2012 la patronal eléctrica, Unesa, ha estado bombardeando reiteradamente a las tecnologías para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, culpándolas del denominado ‘déficit tarifario’.
Por ‘déficit tarifario’ se supone que se quiere decir la diferencia entre los ingresos que reciben los actores del sistema eléctrico, por los precios que aplican a los usuarios de la electricidad y los costes debidos a las actividades propias del sistema (generación, transporte, distribución y comercialización).
Pero en palabras de la CNE: ‘el sistema eléctrico español registra un déficit estructural de ingresos de actividades reguladas (déficit tarifario) desde hace una década, debido a que los costes que se han reconocido a las distintas actividades y costes regulados han sido (y siguen siendo) superiores que los ingresos obtenidos por los precios regulados que pagan los consumidores’. O sea que el susodicho ‘déficit tarifario’ no es una diferencia negativa entre ingresos y costes, sino entre ingresos y costes reconocidos, los cuales tienen poco que ver con los costes reales.
Veámoslo en el caso de un usuario doméstico. Éste paga su factura eléctrica a la Comercializadora del Último Recurso – CUR. ¿Cuánto pagó una familia que tuviera 4,4 kW de potencia contratada y consumiera 3.500 kWh/año? En España, durante 2009, los usuarios domésticos pagaron la electricidad a 0,11248 €/kWh (primer semestre) y a 0,11473 €/kWh (2º semestre). O lo que es lo mismo 112,48 y 114,73 €/MWh, sin contar el término de potencia que era 1,642355 y 1,67520208 €/kWmes respectivamente. La factura anual de la familia fue: 397,65 €/año (término de energía), mas 87,58 €/año (término de potencia), en total: 485,23 €/año (sin contar impuestos), lo que representa un precio real de 0,13863811 €/kWh (o lo que es lo mismo 138,64 €/MWh).
¿Cuánto costó generar, transportar, distribuir y comercializar la electricidad que utilizó la familia en cuestión? Aquí empieza el misterio, pues desde que se liberalizó el sistema eléctrico en España, los oligopolios eléctricos no publican los costes de generación. Lo que si se sabe son los costes reconocidos, que no son otra cosa que los precios que determina el mercado mayorista (o las subastas en el caso de la Tarifa del Último Recurso) a los que se añaden los llamados ‘peajes o costes de acceso’, fijados por el gobierno.
Son públicos y conocidos los precios del mercado de la electricidad (durante 2009, los precios medios horarios finales para la comercialización oscilaron entre 38,13 €/MWh y 57,44 €/MWh) y los de las 4 subastas CESUR (durante 2009, fijaron unos precios entre 58,86 €/MWh en el primer trimestre y 36,58 €/MWh en el segundo trimestre).
Si al precio pagado por el usuario doméstico que fue de 138,64 €/MWh, se le restan los precios, máximo (55,21 €/kWh) y mínimo (38,64 €/kWh) que la subasta CESUR determinó en 2009, nos quedan entre 83,43 y 100 €/MWh que debieron ser para cubrir los denominados peajes de acceso (anteriormente denominados costes permanentes y costes de diversificación y seguridad de abastecimiento) que comprenden un conjunto de costes, entre ellos los de transporte, distribución, gestión comercial, costes permanentes de la Comisión Nacional de Energía, del Operador del Sistema Eléctrico y del Operador del Mercado Eléctrico, compensaciones extra-peninsulares, servicio de interrumpibilidad, garantía de potencia, etc.
En este conglomerado de costes se incluyen también las pagos al régimen especial (definidos por la Ley 54/1997 del sector Eléctrico), cuyo importe fue de 22,49 €/MWh en el año 2009, según la CNE. Estos pagos o primas, la bestia negra de los oligopolios, han sido las causantes de esta entelequia denominada ‘déficit de tarifa’, si se hace caso a la patronal Unesa, que agrupa las empresas oligopolísticas eléctricas (algunas de las cuales reciben el importe de las primas por haber generado con renovables y nunca han renunciado a ellas).
Si se resta el coste del régimen especial (22,49 €/MWh) a los valores obtenidos anteriormente de restar al precio que el usuario doméstico pagó por la electricidad (138,64 €/MWh), los precios de las subastas CESUR (55,21 y 38,64 €/MWh) que las CUR devengan al operador del mercado, resulta una cifra comprendida entre 60,94 y 77,53 €/MWh, que debe ir a cubrir los denominados peajes de acceso (una vez descontado el coste del régimen especial). Después de descontar los pagos al régimen especial, no aparece ningún déficit. Para aclarar el misterio del santísimo ‘déficit tarifario’ se hace necesaria una auditoria de todo el sistema eléctrico que ponga en claro tan reservado misterio.
Pues bien, veamos qué representó para un usuario doméstico, en 2009, esta ‘sobrecarga’ en el recibo de la luz. Para el sistema eléctrico, el sobrecoste del Régimen Especial fue de 22,49 €/MWh o sea 0,02249 €/kWh (2,3 céntimos de euro por cada kWh). Ello representó 78,72 €/año para la susodicha familia: ¡22 céntimos de euro al día¡, de extra-coste, para que la ciudadanía pueda disponer de las instalaciones de generación a partir de fuentes de energía limpias y renovables. ¿Qué familia española no estaba dispuesta a pagar unos 22 céntimos adicionales cada día para poder gozar de la generación en régimen especial, libre de emisiones de CO2 y de residuos radiactivos? ¿Acaso el gobierno consultó a la ciudadanía si estaba de acuerdo, o no, con este incremento? ¿Y en modificarlo? Pues sobre el dinero de la ciudadanía, solo ella puede decidir, y nunca el gobierno.
Si en vez de hacer caso a Unesa y convertirse en instrumento de esta patronal de oligopolios, el gobierno explicara, con meridiana claridad, a la ciudadanía como se forman los precios de la electricidad (¿o no es responsable el gobierno ante la ciudadanía?) y los oligopolios informaran a la sociedad, con todo detalle y plena transparencia, acerca de sus costes de generación por cada tecnología (¿o no es esto la responsabilidad social corporativa?), se ahorrarían las más que razonadas y razonables críticas (y bien merecidas) que la ciudadanía les dedica.
