Un abogado a veces tiene que ser oportunista para sacar el máximo rendimiento y efecto de circunstancias sobrevenidas en beneficio de los intereses de sus representados. Está fuera de duda. A la vez tiene que velar por las implicaciones estratégicas de su oportunismo a largo plazo.
Hasta aquí la teoría, realmente pensaba que no haría falta añadir que uno nunca debe hacer el ridículo con argumentos tan carentes que levantan dudas sobre la capacidad de quien los esgrime para ejercer su profesión. Por no hablar de hacer perder el tiempo de los magistrados con este tipo de argumentación manifiestamente incorrecta. El último ataque de la Abogacía del Estado formalmente no va a ningún lugar, y materialmente se equivoca de lugar.
El pasado viernes enviamos un escrito al Tribunal Supremo, con alegaciones a raíz de otro escrito presentado por la Abogacía del Estado. El escrito de la Abogacía del Estado hace referencia a un informe de la Comisión Europea con valor puramente consultivo pedido en el seno de un procedimiento de Anpier ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo todavía ni siquiera concluido. El abogado concluye que no procede tomar ninguna acción legal contra España por la reforma eléctrica del RDL9/2013, sugiriendo así el archivo de las actuaciones.
El documento aportado por el Abogado del Estado es un informe de la Comisión Europea a petición de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), y en ningún momento prejuzga la decisión final del Parlamento en relación con la petición. Es decir, que no es correcto afirmar que el Parlamento Europeo rechaza la petición, sino que lo que aquí ha sucedido es que la Comisión Europea ha emitido un informe, no vinculante, insisto, ofreciendo su visión sobre el asunto. Por supuesto, este documento tiene aún menos incidencia en el procedimiento encargado al Abogado del Estado en cuestión. Podríamos decir con mucha seguridad que su incidencia en nuestro procedimiento en absolutamente nula.
Conozco muy bien este procedimiento porque he tenido el honor de defender varias peticiones ante PETI, de las cuales una tenía el mismo objetivo que la petición en cuestión. También he mantenido numerosas reuniones con un puñado de Direcciones Generales de la Comisión Europea en Bruselas para discutir sobre las numerosas denuncias que he presentado ante ellos. La mayoría quedan por resolver. Son diferentes instituciones, cada una con su peso e importancia, pero ninguna de ellas puede ponerse en el lugar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El TJUE tiene la competencia exclusiva para interpretar el Derecho Europeo.
Es asombroso esta muestra de manifiesto desconocimiento del funcionamiento básico de la Unión Europea por parte de la Abogacía del Estado. Quizá da que pensar sobre los motivos que tiene la Abogacía para su incesante número de escritos que está presentando para evitar que los magistrados del Tribunal Supremo lleguen al momento procesal para plantear la cuestión prejudicial de Derecho Europeo. La Abogacía del Estado en este último escrito se hace el sueco y pretende con una argumentación que roza lo infantil que no se debe llegar a Europa. Debe de tener mucho miedo por llegar allí, ahora empiezo a dudar si es por perder en el fondo o porque cree que quedará en ridículo.
