Muchos datos y, para empezar, dos conclusiones principales. Una: las empresas solares españolas que han logrado internacionalizarse están llevando con éxito la Marca España por todo el mundo (Suráfrica, Chile, Australia, Estados Unidos, China, India, Japón...); y dos: las empresas que no lo han logrado están desapareciendo (muerte por inanición). Porque el Ejecutivo Rajoy -que lleva ya 21 meses legislando- y el segundo Gobierno Zapatero -sobre todo a lo largo de su último bienio- han regulado al sector de modo tal que el antaño floreciente mercado fotovoltaico nacional se ha convertido en un auténtico erial. Así, España, que vio cómo eran instalados 2.707 megavatios fotovoltaicos en 2008, no solo apenas sumó a su cuenta solar 273 megas FV el año pasado (o sea, diez veces menos), sino que no alcanzará siquiera los cien megavatios en 2013, según ha adelantado hoy el director general de UNEF, José Donoso.
¿Motivos del descalabro? La contrarreforma Sebastián-Soria
La historia es tal y como sigue. El legislador crea un marco legal -vía BOE- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio generado en una instalación renovable -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que explicita el BOE), una retribución que reconoce esa singularidad. Y la electricidad renovable merece esa retribución singular, esa prima, porque, a diferencia de la convencional -dice el BOE-, no ensucia, es limpia. Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco, diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tanto; el gobierno avala que el precio que recibiré por cada kilovatio que yo produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco); dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
La mirada "retro" del gobierno
Y así estaba todo hasta que… el 23 de diciembre de 2010, y de la mano del ínclito ministro de Industria Miguel Sebastián, economista todo él, llega a escena el Real Decreto–ley (RDL) 14/2010, que retoca a la baja el precio establecido por el propio gobierno en un BOE anterior y que abre así la espita de la retroactividad: retoques a la baja del precio del kilovatio fotovoltaico en primer lugar; recortes luego de horas que pueden optar a prima (si hasta ayer cualquier kilovatio FV merecía esa retribución singular, a partir de ahora solo la merecerán el 70% de los kilovatios generados); y, por fin, como último ejemplo de legislación "retro", quemamos de una vez por todas el BOE de las primas (a las que se acusa de ser demasiado elevadas) y lo sustituimos por otro que diga, por ejemplo, “rentabilidad razonable”, buque insignia este –en lo que a las renovables se refiere– de la última reforma energética. ¿Y cuál es la rentabilidad que el Ejecutivo considera razonable? Un 7,5% y no ninguna otra.
¿Y mañana? Más discrecionalidad
Pero el asunto no queda ahí, porque el legislador se guarda aún un as en la manga. Según el proyecto de Ley del Sector Eléctrico que aprobara el Consejo de Ministros el pasado viernes, los parámetros de retribución de la producción a partir de fuentes de energía renovable -ese 7,5%- "podrán revisarse cada seis años en función de la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y de la rentabilidad adecuada para estas actividades". O sea, que hoy es el 7,5% porque así lo quiere el gobierno... y que mañana... pues ya veremos... dependerá... Dependerá de la "situación cíclica de la economía", o de la demanda eléctrica, o de la "rentabilidad adecuada para estas actividades", o de todo ello a la vez, o del equilibrio mental del ejecutivo correspondiente. Así que no es de extrañar que esté empezando a ser complicado incluso refinanciar la deuda, destino al que se están viendo abocados muchos inversores fotovoltaicos como consecuencia de todos esos recortes de ingresos.
Y más discrecionalidad
Porque han sido tantos los bandazos regulatorios a lo largo de los últimos cuatro años -recortes retroactivos que han reducido los ingresos del sector en más de un 30%, según UNEF, e imputación de nuevos impuestos- que los inversores están empezando a tener problemas para atender al servicio de la deuda y se están viendo obligados a refinanciar sus instalaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que los bancos, a la luz además de esa letra de la ley (revisión cada seis años), empiezan a albergar ya serias dudas... Serias dudas... por emplear un eufemismo. Si además tenemos en cuenta -han venido a denunciar en UNEF- que hay instalaciones que ya están al límite, pues podría darse el caso incluso de que más de un inversor se encuentre en una paradójica situación: tener que refinanciar a más de 20 años una instalación cuya vida útil es de 25... Más aún: imaginemos que uno ya no puede refinanciar más y decide vender... De acuerdo, sí, pero, ¿a quién? ¿Quién va a adquirir una instalación solar cuya producción no se sabe a qué precio se va a poder vender? ¿Podré vender mis kilovatios FV al muy "razonable" 7,5% que vino a sustituir retroactivamente a una prima que estaba escrita en el BOE... o los habré de vender al precio que depende de la "situación cíclica de la economía"... o al que dependerá de la "rentabilidad adecuada para estas actividades"...?
Autoconsumo
Bien, todo eso... en lo que se refiere al parque solar fotovoltaico ya instalado, que está literalmente secuestrado, como se ve. ¿Y lo por venir? Pues de autoconsumo también ha hablado UNEF esta mañana. Y el discurso es el ya conocido: "el gobierno ha hecho una regulación prohibitiva", ha dicho el vicepresidente de la asociación patronal, Luis Torres. "Se ha regulado para prohibir, y si al final todo queda recogido en la ley tal y como parece que va a quedar, pues se va a producir algo inaudito, y es que un autoconsumidor, que se ha gastado su dinero en montar una instalación para ahorrarse unos kilovatios, al final va a acabar pagando más que un no autoconsumidor". Porque, según los cálculos de UNEF -y según denuncian asimismo todos los actores del sector- los impuestos que ha ideado el gobierno para quienes quieran instalar placas solares para autoconsumo son tan elevados que el ahorro que lograría el autoconsumidor al aprovechar esos kilovatios solares y dejar de comprárselos a la eléctrica correspondiente sería menor que el total de los impuestos del gobierno.
¿Prevaricación política?
En ese sentido, la patronal fotovoltaica ha explicado esta mañana que el “peaje de respaldo” -que es el impuesto que ha ideado el gobierno para imputárselo a los autoconsumidores- "acaba de raíz con la posibilidad de que el consumidor produzca su propia electricidad a un precio más económico que el del suministro convencional y paraliza la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico". ¿Beneficiarias directas? Las grandes eléctricas, que podrán seguir vendiendo unos kilovatios que dejarían de vender si yo pudiera generarlos en el tejado de mi casa. La pregunta es: si, tal y como coinciden en señalar todos los expertos en la materia, está matemáticamente demostrado que el autoconsumo es inviable tal y como está ahora mismo regulado en el proyecto de Ley del Sector Eléctrico que ha preparado el gobierno, ¿está prevaricando políticamente el Ejecutivo Rajoy? Es decir, ¿está declarando públicamente que quiere desarrollar el autoconsumo mientras, por otra parte, está regulando "contra" el autoconsumo?
