La organización ha remitido la denuncia al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En la misiva, FACUA advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".
Como recuerda la organización, asÌ lo establece el artículo 3 de la Directiva 2009/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE.
Así, en su artÌculo 3.7, la directiva plantea que “los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables”. Y en el artículo 3.8 señala que “para atajar la pobreza energética” se “adoptarán las medidas adecuadas” que garanticen el necesario suministro de electricidad a la población vulnerable y se apoyará la mejora de la eficiencia energética.
Sin ninguna protección
La realidad es, expone FACUA, que el Gobierno de España no tiene implementada ninguna de estas medidas. En ese sentido, la asociación lamenta que el grupo parlamentario popular se negara recientemente a debatir la propuesta presentada por el grupo Izquierda Plural, que contaba con el apoyo de toda la oposición, para evitar cortes de suministro durante la estación invernal y que fue rechazada gracias a la mayoría del PP.
En su denuncia, FACUA argumenta que “la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables puesta en marcha por el Gobierno español ha sido el bono social, cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la Directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad”.
Este bono social sólo recoge el derecho de usuarios cuya potencia contratada no supere los 3,3 kW –perfil que reúne un escaso porcentaje de usuarios domésticos– a recibir el suministro con una tarifa congelada vigente a mediados de 2009.
Además, esta tarifa aplica una penalización si los usuarios consumen más de 500 kWh mensuales con el supuesto objetivo de evitar el derroche, “Algo que carece de sentido ya que este consumo es superado de manera habitual por numerosas familias con un elevado número de miembros o en determinados periodos del año dadas las altas o bajas temperaturas” , argumenta FACUA. En resumen, ”el bono social deja fuera a multitud de familias con bajÌsimos recursos y resulta considerablemente elevado, tanto por la penalización por el consumo de más de 500 kWh como por el precio del kW y kWh fijados en ella”
Avance de la pobreza energética
FACUA destaca en la denuncia que el 18% de la familias españolas no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales, un dato que constata el avance de la pobreza energética en el paÌs. Según el Instituto Nacional de EstadÌstica (INE) es una situación que sufren al menos 3 millones de hogares en España.
Y la situación puede empeorar. En el caso de las rentas medianas, un 12% de los hogares no conseguía la temperatura adecuada en el invierno en 2006, mientras que en 2013 el porcentaje es de un 18%. En el caso de las rentas más bajas, ha pasado del 20% hasta el 29%, detalla FACUA.
La organización también alerta de que según datos aportados por Endesa e Iberdrola en 2012, entre las dos compañÌas realizaron 1,4 millones de cortes de luz por impago el año pasado, más del doble que antes de la crisis (en 2006 se registraron 600.000). FACUA recuerda que en la última década las tarifas han aumentado un 78% para el usuario medio. El precio del kW de potencia contratada ha subido un 119%. En cuanto al kWh, el importe de la energÌa consumida ha aumentado un 69%.
”La gran estafa de la liberalización”
Así califica la organización la liberalización del sector eléctrico, y responsabiliza al actual sistema de fijación de precios, que está siendo investigado por la CNMC, del desproporcionado aumento de las tarifas.
FACUA mantiene que las subastas eléctricas no son sino ”un instrumento con el que las eléctricas pueden especular sin ningún tipo de limitación con las tarifas que acaban repercutiendo a las familias”. Considera, asimismo, que este sistema de fijación de precios es claramente anticompetitivo y atenta contra los intereses de los consumidores. Su propuesta es sustituirlo una tarifa regulada por el Gobierno que proteja a todos los consumidores domésticos, ”ya que todos pueden considerarse consumidores vulnerables ante un mercado que se niega a competir y juega a la especulación”.
Dentro de esta tarifa regulada, añade, sería· necesario fijar una modalidad especial orientada a perfiles de usuarios con bajos niveles de renta, de manera que se garantice su acceso a este servicio esencial.
#apagón30D
FACUA ha puesto en marcha una serie de medidas de movilización social contra las subidas de la luz, entre las cuales destaca un apagón de una hora el próximo lunes 30 de diciembre a las 19.00 horas (#apagón30D). Con esta acción, FACUA reclama al Gobierno esa nueva regulación tarifaria que deje de basarse en la subasta del mercado de la generación, una auditorÌa sobre el déficit de tarifa y que prohÌba a las eléctricas cortar la luz por impago a las familias durante el invierno.
La asociación ha habilitado la web FACUA.org/apagon30D desde la anima a los usuarios a que se sumen al apagón.
