Fuentes del sector fotovoltaico han indicado a Europa Press que la demanda que ha dado origen al arbitraje fue presentada en noviembre por los fondos de inversión institucionales y las empresas extranjeras, después de que el Gobierno español no diese respuesta durante los seis meses establecidos a la solicitud de negociación de estos inversores.
Los fondos, que reclamarán indemnizaciones de cientos de millones de euros como consecuencia de los recortes retroactivos aplicados, sustentan su demanda en el Tratado sobre la Carta de la Energía; un tratado internacional multilateral de inversión diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo. La demanda está siendo coordinada por el despacho Allen & Overy.
Esta es la segunda vez en la historia que el Tratado sobre la Carta de la Energía se invoca contra un país de Europa Occidental, ya que, hasta ahora, la mayoría de las reclamaciones se había dirigido contra los países que formaban el antiguo bloque comunista.
Entre los demandantes abundan fondos de pensiones y de ahorradores particulares de todo el mundo. Estos fondos y compañías invirtieron en España con la confianza de lograr unos ingresos estables gracias a la retribución establecida por el Gobierno.
2.000 millones invertidos
Los inversores internacionales cifran en 2.000 millones la cifra invertida en el sector fotovoltaico español, y en 270 megavatios (MW) la potencia de la que son titulares en España.
El grupo de inversores internacionales que participan en esta acción de arbitraje está formado, entre otros, por AES Solar, Ampere Equity Fund, HgCapital, Element Power, Impax Asset Management, KGAL, NIBC European Infrastructure Fund, Whiteowl Capital, Eoxis, MPC Capital y MEIF Luxembourg Renewables.
Estos inversores gestionan conjuntamente más de 30.000 millones de dólares (22.000 millones de euros) por cuenta de más de 70 fondos de pensiones y otros ahorradores institucionales o particulares.
