El próximo lunes 11 de abril miles de instalaciones de autoconsumo en España podrían quedar abocadas a un limbo muy cercano a la ilegalización, de acuerdo con lo establecido por la normativa sobre autoconsumo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, la más restrictiva del mundo, según denuncian las organizaciones firmantes de la carta.
El decreto fija esa fecha como límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor de la norma se adapten a su articulado. De lo contrario, serán declarados ilegales y podrían sufrir multas de hasta 60 millones de euros, además de tener que pagar el injustificado 'impuesto al sol'.
Las organizaciones firmantes denuncian que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que fraguó el Real Decreto de anti-autoconsumo y sus sanciones, está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que él mismo ha establecido, poniendo de nuevo a los autoconsumidores entre la espada y la pared.
"Quedan pocos días para que finalice el plazo fijado para registrar las instalaciones existentes a la fecha de aprobación del decreto, y sin embargo, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas para modificar las instalaciones. Las compañías eléctricas, por su parte, mantienen criterios distintos en cuanto a la aplicación de las normas de conexión", argumentan.
Asimismo, las entidades piden al presidente en funciones que arregle el caos generado por el ministro José Manuel Soria y obligue a que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo –por lo menos hasta final de año–, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias a causa de la falta de previsión del Ministerio de Industria.
Por otro lado, las organizaciones firmantes denuncian una vez más que, en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata, y que, además, podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada y fomentar la creación de empleo y la economía ciudadana.
"El decreto de autoconsumo contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética. La normativa española, sin embargo, está en las antípodas de este propósito, truncando cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas".
Organizaciones firmantes
Amigos de la Tierra
Anpier
Asgeco
Asociación Medio Ambiente y cambio climático
Ecologistas en Acción
Fundación Global Nature
Fundación Renovables
Greenpeace
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
SEO/BirdLife
WWF España