Anpier difundió el viernes un comunicado en el que expresa "su preocupación por el futuro de las inversiones en energía FV", cuya rentabilidad se ha visto fuertemente afectada por las últimas reformas legislativas -algunas retroactivas- puestas en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Recogemos a continuación el comunicado que sobre el particular ha enviado a esta redacción Anpier.
El sector agrario español ha remitido al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, un escrito en el que le solicitan que su Ministerio asuma el protagonismo que le corresponde en la actual reforma del sector eléctrico y sea sensible con la situación de los miles de agricultores y ganaderos que realizaron inversiones en energía solar fotovoltaica como un complemento de renta que les permitiera mantenerse en sus zonas de residencia y que, sin embargo, ahora soportan drásticos recortes retroactivos, que ya no sólo han cuestionado la seguridad jurídica y la imagen de España en el exterior, sino que amenazan la propia supervivencia de miles de pequeños inversores rurales.
Más del 90% de la potencia de energía fotovoltaica está ubicada en entornos rurales, lo que ha contribuido a generar empleo y riqueza en muchas zonas desfavorecidas. La energía fotovoltaica ha sido hasta ahora complemento o alternativa de muchos agricultores y ganaderos al abandono de sus explotaciones agrarias; por lo que este tipo de generación, además de ser limpia, renovable y sostenible, fija población en estos entornos. Sin embargo, el rosario de disposiciones retroactivas aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha colocado a 40.000 familias productoras de energía fotovoltaica que habitan en poblaciones de menos de 3.000 habitantes al borde de la quiebra y sin actividad productiva que les reporte una renta mínima suficiente para afrontar sus pagos.
El primer objetivo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural es “Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible”. Esa ley, en su artículo 24, establecía la necesidad de potenciar el desarrollo e implantación de las energías renovables. En este sentido, también es obligado subrayar que una de las primeras funciones que tiene encomendada la Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el fomento del uso de tecnologías limpias. También, conviene tener presente que el Eurobarómetro publicó en enero los resultados de una consulta –realizada a 25.525 ciudadanos de la Unión– en la que se constata que el 70% de los europeos quieren que se prioricen las energías renovables en sus respectivos países, un dato que, en el caso de España, supera ampliamente la media europea: el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.
