“El propio art. 1 de las Instrucciones internas para la contratación del IDAE recoge que los contratos celebrados por este organismo se regirán por el RDLeg. 3/2011, texto que regula los contratos del Sector Público y que exige la pública licitación”, señala Anpier en un comunicado. “El Artículo 53 del RDLeg 3/2011 establece que, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante”:
Anpier añade que las instrucciones internas del IDAE para la contratación establecen que “con el fin de dar publicidad a la solicitud de ofertas, la información relativa a la licitación se insertará en el Perfil de Contratante que se dispondrá en la página Web oficial de IDAE, mediante procedimiento que permita dejar constancia de la fecha en que se hace pública”, circunstancia que no se ha producido, afirma la asociación.
“Esta situación es un capítulo más de la infausta reforma del sector eléctrico, que supone uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia española, puesto que es el propio Estado el que estafa a sus ciudadanos: arruinando a los fotovoltaicos, esquilmando las economías familiares de todos los españoles y lastrando el futuro de las generaciones venideras, sobre la base de un modelo energético que sólo beneficia a cinco grandes empresas”, dice Anpier.
Anpier solicita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que “recapacite, rectifique los textos de reforma y reponga inmediatamente la seguridad jurídica en España”. El Gobierno, continua, “debe actuar sobre las verdaderas causas del déficit de tarifa que, según señala la Unión Europea, está motivado por las compensaciones excesivas que durante años vienen recibiendo las empresas eléctricas de Unesa, por la generación de energía nuclear e hidráulica”.
Asimismo, considera absolutamente innecesario y una burla hacia el sector destinar un millón de euros para la contratación de tres consultoras para que definan los parámetros de inversión, costes e ingresos que determinarían a partir de ahora las retribuciones a percibir por las instalaciones fotovoltaicas españolas; puesto que existen tantas casuísticas como plantas instaladas.
Como publicamos hace una semana, la asociación enviará a Industria las facturas originales de miles de instalaciones para que la Administración pueda conocer ¡con absoluta fidelidad el coste real que supuso dichas inversiones en sus diversas modalidades tecnológicas, territoriales y temporales, así como los costes anuales de mantenimiento”.
