En su calidad de “asociación mayoritaria del sector de la producción fotovoltaica en nuestro país”, como se presenta Anpier, la asociación insta a los alcaldes y concejales de estos municipios a que “reclamen de forma inmediata y fehaciente· al Gobierno la desaparición de las normas retroactivas al régimen tarifario de las instalaciones fotovoltaicas. Y pide que lo hagan “por el cauce legal pertinente, puesto que el cambio normativo producido (plasmado en el RDL 9/2013) perjudica gravemente los intereses de sus conciudadanos, toda vez que la confianza legítima que en su día otorgaba el Estado, ha sido truncada de forma abusiva e inesperada”.
Anpier recuerda que el RD 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales, establece taxativamente que “Las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos” y que el artículo 68 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, establece de manera idéntica esta obligatoriedad.
Anpier se ha dirigido en los mismos términos a los grupos de oposición de estos Ayuntamientos, al objeto de que intercedan igualmente en la defensa de los derechos de los ciudadanos de su localidad. La asociación, que avala su petición en ser ,,,, se ofrece a asesorar y colaborar en la defensa jurídica de estos ayuntamientos, y recuerda que la mayor parte de los más de 4.500 socios de esta asociación “han iniciado una batalla jurídica que sólo cesaran cuando se les restituya sus legítimos derechos”.