Anpier considera "sorprendente que el apetito desproporcionado por el lucro mostrado por José Manuel Soria y su proceder artero para enriquecerse al margen del marco fiscal del Estado español, hayan pasado desapercibidas para los órganos de gestión del Partido Popular después de décadas de intensa vinculación", por lo que reclama que, a partir de ahora, en los sucesivos Gobiernos, sea obligado motivar la idoneidad de este tipo de nombramientos.
Esta asociación viene señalando desde hace años que la designación de Soria como máximo responsable de sectores regulados estratégicos para este país era inadecuada y dañina para el interés general, por lo que se reafirma en la necesidad de revisar la normativa impuesta sin consenso alguno al sector renovable español. Una normativoa que, indica Anpier, "ha supuesto grandes beneficios para las empresas del oligopolio energético y el desmantelamiento abrupto del sector fotovoltaico: 62.000 instalaciones en manos de 300.000 familias españolas dramáticamente afectadas por recortes retroactivos y arbitrarios".
"El exministro responsabilizó a los fotovoltaicos españoles de todos los males del sistema eléctrico español para, una vez logrado un desprestigio social, imponer un desmantelamiento que expulsa a las iniciativas de Pymes y familias de un sector cuya explotación se ha pretendido blindar como dominio exclusivo de las grandes empresas del oligopolio; una actuación que tienen al Secretario de Estado, Alberto Nadal, y al Presidente Rajoy como responsables solidarios", continua Anpier.
En palabras del presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, “Soria es tan solo una ventosa de uno de los tentáculos del gran pulpo de la corrupción que carcome al Estado. Los fotovoltaicos somos víctimas de cómo determinados sectores productivos quedan vedados al ciudadano en beneficio de unas pocas empresas, que parecen lograr de alguna manera que los que ostentan transitoriamente la voluntad del Estado regulen de manera sorprendente. Vista la calidad moral de quien ejerció durante los últimos años la máxima responsabilidad de dichas funciones en el ámbito energético, consideramos desacreditadas sus disposiciones y reclamamos que sean urgentemente revisadas por el siguiente Ejecutivo”
