Anpier pide la dismisión de Soria y Nadal "ya no sólo por la última y grave irregularidad conocida, sino por haber articulado el desmantelamiento del sector renovable en España sin que esto estuviera previsto en el programa electoral de su partido y sin ningún tipo de consenso político, territorial o social, con varios recursos de inconstitucionalidad presentados por Comunidades Autónomas de su mismo signo político".
Tras reiteradas solicitudes por parte del Tribunal Supremo, recientemente se ha sabido que el pasado 11 de febrero se canceló el contrato con la consultora Boston Consulting, mientras que Roland Berger entregó su informe el 31 de octubre, meses después de que el Ministerio aprobase la Orden Ministerial con los nuevos parámetros retributivos, que "han sumido en la quiebra económica a decenas de miles de familias españolas", indica Anpier en un comunicado.
Ahora, Soria y Nadal pretenden devaluar el valor de dichos estudios (que tenían un coste para las arcas del Estado de 600.000 Euros), frente al carácter de extrema importancia que se le otorgó en su momento, asegurando que la labor de estos estudios era de mero "contraste". Para Anpier, esta es la gota que colma el vaso.
"La Dictadura energética Soria-Nadal, de inspiración sobradamente conocida, ha quebrantado la economía de 62.000 familias españolas que, de buena fe e invitadas por el propio Estado, destinaron sus ahorros, con el aval de sus hogares, al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica. Los productores fotovoltaicos españoles exigirán en las calles de Madrid, que se restaure la seguridad jurídica en el sector, y que se inicie la definición de una verdadera Política de Estado que alumbre un nuevo modelo energético de consenso que persiga un interés general sincero", afirma la asociación en el comunicado.
Según una encuesta realizada por esta asociación sobre una muestra de 500 instalaciones de entre 10 y 100 kW repartidas por todas las Comunidades Autónomas, más de un tercio de los propietarios de estas instalaciones, concretamente un 36%, declara soportar rentabilidades negativas, mientras que, en el otro extremo, sólo un 3% ha llegado a obtener el 7,5% que aseguraba el Gobierno que alcanzarían todas y cada una de estas instalaciones con la reforma.
"Es evidente que el nuevo marco no se basa en parámetros objetivos ni fiables, ni soluciona los problemas del sector, ni aminora el precio de la energía, ni ataja el déficit de tarifa, ni sienta las bases de un nuevo modelo sostenible", afirma Anpier. Para el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, estamos ante "la última falsedad conocida de la gran mascarada de la Reforma Soria-Nadal, un supuesto procedimiento para establecer las retribuciones de las familias fotovoltaicas sobre la base de estudios especializados y objetivos de consultoras independientes, que se ha convertido en un nuevo atentado contra la solvencia y la seriedad del sector energético y del Estado español, que no pasa desapercibida para los inversores nacionales e internacionales".
Con esta manera de proceder, concluye Anpier, "el escenario energético español queda en manos de las pocas empresas capaces de quedar siempre a salvo de la inseguridad jurídica establecida a golpe de Real Decreto, que expulsa a los productores no convencionales, los pequeños, y disuaden a los que se hubieran planteado acceder al sector, con el resultado conocido: ruina para los que decidieron entrar y socializar el sector a través de las energías limpias; ausencia casi absoluta de nuevas inversiones; y, en paralelo, sorprendentes incrementos anuales de la rentabilidad y las cotizaciones bursátiles de los operadores tradicionales.
