La CNMV ha emitido un informe en el que afirma que “es necesario compatibilizar el mantenimiento de los incentivos que reconocen los méritos medioambientales y socio-económicos de estas formas de producción de energía eléctrica con el sostenimiento económico del sistema”. De acuerdo con Anpier, “de esta manera valida un Real Decreto idéntico al que la desaparecida Comisión Nacional de la Energía desaconsejó poco antes de su extinción, puesto que consideraba legitimados los apoyos que recibían las tecnologías renovables y, además, advirtió de que los productores se enfrentarían a balances negativos en su actividad”.
Anpier considera sorprendente que al nuevo regulador le parezca tan adecuado lo que hace unos días resultaba tan inoportuno para la Comisión Nacional de la Energía y alerta sobre las consecuencias que tendrá para las 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica. La asociación añade que “estas familias, bajo la promesa del Estado de unos retornos ciertos, invirtieron todos sus ahorros, con sus hogares como garantía, para desarrollar y producir energías limpias y, ahora, se les quiere expulsar del sistema eléctrico con un nuevo marco legal retroactivo, que se articula sobre conceptos abstractos que vulneran claramente el principio de seguridad jurídica, tanto desde el prisma de nuestra Jurisprudencia Constitucional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Solo ganarán los especuladores
El principal cambio que introduce la norma es que las retribuciones se definirán teniendo en cuenta unos “estándares” de los costes de inversión de acuerdo con la potencia instalada, en lugar de ser proporcional a la energía producida, como ocurría hasta la fecha.
Anpier alerta de que los grandes especuladores ajenos al sector serán los beneficiados por este nuevo marco normativo; mientras que los pequeños productores, esas 55.000 familias que han pagado a toda la escala de valor -banca, fabricantes e instaladores, fundamentalmente-, serán expulsados del sistema, puesto que sus rentabilidades serán ínfimas o negativas y, por lo tanto, se les podría considerar “empresas mal gestionadas”, lo que supone en la práctica premiar a los que especulan con la generación fotovoltaica.
Según las últimas previsiones de la CNMC, se estima que las primas del régimen especial representan alrededor del 45% de los costes de acceso previsto para el ejercicio. Sin embargo, Anpier destaca que la CNMC no pone en valor ni da igual publicidad a que el sector de las energías renovables produjo en 2012 unos beneficios en la economía españolas (ahorro en importaciones, ahorro por reducción de emisiones CO2 y ahorros por reducción del precio del pool) superiores a los 6.500 millones de euros, 600 millones más que las primas recibidas durante el mismo año.
