Esta reforma -dice el comunicado de Anpier- "arruina a las miles de familias españolas que invirtieron sus ahorros en el desarrollo de unas tecnologías energéticas que a día de hoy, gracias a las condiciones climáticas de nuestro país, permitirían un autoabastecimiento del 80% de sus necesidades energéticas en cinco años; un camino rentable y responsable para los ciudadanos de las generaciones presentes y futuras que, con el modelo actual, quedan expuestos a riesgos y patologías graves por el uso de combustibles fósiles y deben destinar, además, más recursos a lo largo de sus vidas a la compra de energía que a la adquisición de sus propios hogares".
Según la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), la nueva Ley supondrá:
1. la ruina inmediata de 55.000 familias españolas que invirtieron sus ahorros en la generación de energía fotovoltaica atendiendo un llamamiento del estado, a través de un BOE y de diversas campañas institucionales del IDAE.
2. Supondrá un nuevo golpe contra la seguridad jurídica de las inversiones en España y contra nuestra ya maltrecha credibilidad internacional como país y como mercado.
3. Supondrá un retroceso en el camino hacia un nuevo modelo energético -sostenible, rentable y responsable- que estábamos recorriendo.
4. Supondrá la paralización de una industria generadora de empleo, bienestar y riqueza, que había llegado a ser un referente internacional.
5. Mantendrá un modelo energético gravoso para los españoles, que pagan el recibo de la luz más caro de Europa.
6. No solucionará el déficit de tarifa que, como ha señalado la Unión Europea y la Comisión Nacional de la Competencia, se genera por la sobre retribución que perciben las tecnologías nuclear e hidráulica.
7. Perpetuará el status quo de un oligopolio sobre remunerado frente a una población al límite de la pobreza energética.
Anpier concluye su comunicado diciendo que "recuerda a los diputados del Partido Popular que, además de arruinar a las familias que apostaron con sus ahorros y viviendas por un futuro mejor, van a condenar al estado español al subdesarrollo, la precariedad y al descrédito internacional, por lo que propone una reconsideración de la norma y el diseño de una verdadera política de estado en esta materia, que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas, territoriales y sociales".
