El portavoz de Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado hoy en rueda de prensa que la Ley del Sector Eléctrico, además de perjudicar el desarrollo de las energías renovables en la región, vulnera las competencias autonómicas sobre energía en lo relativo al autoconsumo, poniendo en riesgo este elemento clave de la política de fomento de las renovables y limitando las posibilidades de un sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.
La Agencia Andaluza de la Energía informa en su página web que el recurso afecta a los artículos 9, 64.43 y 65.35, así como a la Disposición Final Segunda, cuyas determinaciones se traducirán, de acuerdo con la Junta, en una reducción de la rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo hasta hacerlas "prácticamente inviables". La norma estatal introduce unas condiciones técnico-económicas que, a la espera del posterior desarrollo reglamentario, anticipan ya un 'peaje' que gravará la electricidad autoconsumida.
El Gobierno andaluz subraya que en ninguna regulación internacional sobre esta materia existe una tasa parecida, "que cambia las reglas del juego, lastra el desarrollo de las energías renovables y contribuye a agravar el continuo encarecimiento del precio de la electricidad, con el consiguiente perjuicio para las economías domésticas y empresariales".nLa Junta destaca, asimismo, que la ley estatal carece del consenso con comunidades autónomas, empresas y consumidores.
Este recurso se suma a los presentados y admitidos a trámite en los dos últimos años contra otras cuatro normas estatales que "ponen en riesgo" el desarrollo de las energías renovables en Andalucía: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero; el Real Decreto Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social, y el Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
La Agencia Andaluza de la Energía cifra en unos 328 millones de euros anuales las pérdidas que provocan en la comunidad las nuevas regulaciones estatales y los cambios en el sistema de retribución, debido a la reducción de un 11% en los ingresos de las plantas de producción con energías renovables, cogeneración y residuos. Este impacto, que supone una quinta parte del ocasionado a escala nacional, pone en riesgo la viabilidad de estas instalaciones, que dan empleo directo a 3.800 personas en la comunidad autónoma.
El Supremo, por su parte, ha admitido a trámite este martes otros 31 nuevos recursos en contra de la nueva retribución a las renovables y la cogeneración, con lo que ya se ha superado, ampliamente, el centenera de denuncias admitidas contra esta normativa.
