“El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) es la única política climática a gran escala de la Unión Europea”, asegura Sandbag. “El RCDE controla las emisiones de carbono de las centrales eléctricas europeas, fábricas y vuelos internos limitando la oferta de derechos de emisión de carbono. Sin embargo, un inmenso excedente de derechos de emisión de carbono, mayor de 2 billones desde 2012, ha reducido los precios del régimen, amenazando con restarle importancia a dicha política por décadas.
El Consejo Europeo debate actualmente una propuesta para regular la oferta de derechos de emisión en el mercado del carbono con una Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR, por sus siglas en inglés). Sin embargo, de acuerdo con el informe de Sandbag, el Gobierno español desea introducirla tan tarde como en 2021, lo que contradice la posición adoptada por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo en febrero, que implica introducir las reformas en 2018. La mayoría de estados miembros de la UE en el Consejo apoyan una fecha de inicio aun más temprana: 2017.
El ‘think-tank’ ambiental estima que el exceso de oferta crónico de derechos de emisión podría doblar los niveles actuales, llegando a los 4.4 billones en 2020. Bajo estas circunstancias, “aun las reformas más ambiciosas que se están debatiendo tendrían serios problemas para conseguir que el exceso de oferta vuelva a los niveles actuales o que los precios del carbono aumenten por encima del coste presente”, advierte.
Sandbag concluye que los intereses económicos españoles van de la mano con reformas más ambiciosas: la industria española está bien protegida de cualquier cambio que estas reformas puedan producir en el precio del carbono. Esto se debe a que se espera que la industria – más concretamente los sectores de cemento y cal y de hierro y acero – reciba suficientes derechos de emisión para estar protegida del precio del carbono hasta los años 2030 o incluso hasta 2050.
Los sectores que en torno a 2018 perderán sus derechos de emisión sobrantes, como las refinerías de hidrocarburos, aun mantendrán su ventaja competitiva frente a sus vecinos europeos, que tienen un excedente mucho más pequeño, indica el thing-tank. Además, estimaciones de PointCarbon muestran que la tesorería española saldría beneficiada con alrededor de 1.2 billones de euros (un aumento del 13%) en ingresos adicionales en la próxima década si se optara por un paquete de reformas más ambicioso y la MSR comenzará en 2018, reteniéndose los derechos de emisión sobrantes y no asignados al final del actual periodo de comercio.
De acuerdo con el informe, el Gobierno español ya apoya la disposición de impedir que 900 millones de derechos de emisión retenidos vuelvan al mercado en 2019 y 2020.
En palabras de Damien Morris, Jefe de Políticas en Sandbag, “el Gobierno español debería unirse a los países progresistas para apoyar una rápida implementación de la Reserva de Estabilidad del Mercado y la cancelación de millones de derechos de emisión no asignados que inundarían el mercado en 2020. Los recibos extra que saldrían de las subastas muestran que esto no solo sería un triunfo para el medio ambiente, sino también para el contribuyente español”.