La ILP presentada por ASECE está siendo estudiada por el Senado, tras haber pasado el trámite preceptivo de la Mesa del Congreso. Una vez regrese a la Cámara Baja y sea publicada en el Diario de Sesiones, la asociación comenzará a recoger las 500.000 firmas necesarias para respaldar la iniciativa, ya convertida en Proposición de Ley.
Sánchez Molina no tiene la menor duda de que las conseguirán. En rueda de prensa, celebrada el miércoles 11 en el Ateneo de Madrid, aseguró que “estamos convencidos, seguros. de hecho, de que no sólo se conseguirán las 500.000 firmas, sino que se sobrepasarán en el plazo establecido”.
Hay que acreditarlo
El presidente de ASECE explicó que han decidido poner en marcha esta iniciativa debido a “la inacción de los representantes políticos. para atajar el creciente desequilibrio entre gastos e ingresos que supuestamente afecta al sistema, el conocido déficit de tarifa., cuya existencia ha sido generalmente aceptada a pesar de que no se ha demostrado ni cuantificado de forma objetiva”.
De ahí la afirmación de la asociación de que sin auditoría no hay déficit de tarifa. “Quien crea que el déficit de tarifa existe sin tenerlo acreditado mediante una auditoría probablemente está confundido. El sector eléctrico no puede continuar con la opacidad existente en los costes reconocidos y en cómo se distribuyen los ingresos entre los agentes del sector”. Para ASECE, no hay duda de que la verdadera causa de la opacidad del sistema y del desorbitado déficit de tarifa se debe a “la relación entre las compañías eléctricas encabezadas por Unesa y la Administración”.
“Los precios no son determinados únicamente por el mercado, también dependen del poder económico y de la influencia que un número reducido de empresas puede ejercer sobre la Administración Pública y sobre los políticos que la integran convirtiéndolos en directivos de sus juntas de Administración”, ha señalado al respecto Sánchez Molina.
Una distorsión premeditada
Otros aspectos fuertemente criticados por ASECE son la “falta transparencia por parte de la Administración a la hora de gestionar el sistema eléctrico” y “el mensaje distorsionado que desde las compañías eléctricas se lanza a los ciudadanos acerca del origen y la cuantía de dicho desequilibrio”. Y es que, según el directivo de la asociación, “las eléctricas distorsionan la realidad, intentan persuadir a la sociedad de que su contabilidad se está viendo perjudicada y de que este hecho desequilibra el sistema y pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.
“Amenazan a los ciudadanos con la idea de que sus cuentas deficitarias, a pesar de tener beneficios millonarios, nos van a llevar a la pobreza energética. Este relato carente de sentido debe ser erradicado de inmediato porque únicamente pretende crear un problema que no existe hasta que no se demuestre”.
Objetivos de la ILP
Lo que pretende la ILP presentada por la Asociación Española para la Calidad en la Edificación es diagnosticar la ingeniería contable y regulatoria del sistema eléctrico y precisar qué partida económica es la causante del déficit de tarifa.
Bajo el título “Proposición de Ley de la Auditoría del Déficit del Sector Eléctrico”, la inciativa presentada por ASECE pretende, además, determinar si es necesaria una nueva ley del sector eléctrico como la que actualmente se está tramitando en las Cortes.
El tercer objetivo de la ILP es, según expuso Sánchez Molina, “acabar con el reparto arbitrario de los ingresos generados por la venta de electricidad”. Un modelo “que propicia que cuando se produce un desequilibrio, como supuestamente es el déficit de tarifa, se culpe de ese desfase a determinadas tecnologías que en realidad no son las causantes de esta circunstancia”.
ASECE cree, además, que se esté vulnerando la Constitución al no permitir a los ciudadanos conocer la situación económico-contable. de las compañías eléctricas. Sánchez Molina concluyó su intervención pidiendo “un esfuerzo institucional que garantice el análisis de los mecanismos que permiten a las eléctricas disfrutar de una exquisita vida económica a costa de empeorar la de los ciudadanos y empresas de España”.
.
